San José, 15 nov (elmundo.cr) – La Corte Plena acordó que solicitará que se realicen estudios sobre lo casos de Miguel Ángel Rodríguez y otro que vincula al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por considerarlos “paradigmáticos” y “emblemáticos” a raíz de largo tiempo que tomaron para ser resueltos.
El estudio se realizará por iniciativa del magistrado Fernando Cruz.
Al respecto, Cruz recordó que el caso del expresidente inició en 2001 y que el pasado 8 de noviembre el Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial dictó “la nulidad absoluta por la tardanza en la tramitación de la causa. No fue una absolutoria ni sobreseimiento, sino una anulación por la parálisis del sistema judicial”.
“Tenemos parálisis para resolver temas de tanta trascendencia”, subrayó el magistrado y afirmó que “debe haber problemas estructurales, no me interesa entrar en el tema disciplinario, que en este caso es residual; este caso amerita un análisis de la mora judicial: Desde 2017 estaba fijado para debate y nunca se realizó”, añadió
También solicitó que se haga una investigación sobre causa en el Tribunal Contencioso Administrativo que “entre tramitación del juicio principal y la ejecución ha tardado 26 años”. Dijo que se trata de una causa planteada por la empresa Hidroflorencia contra el ICE, en la que “la ejecución del fallo fue presentada 13 marzo de 2014 y todavía en los primeros meses de este año no se había resuelto”, informó.
Detalló que se trata de un caso que fue llamado a su atención cuando fungió como presidente de la Corte Suprema de Justicia y que incluso una de las personas involucradas falleció mientras esperaba conocer el resultado.
“Esto no podemos dejar de verlo con el lente que se debe”, acotó.
Para el magistrado “los casos citados ameritan que Corte (Plena) ordene un estudio de los dos expedientes. La Contraloría de Servicios y (la Dirección) de Planificación deben hacer un estudio sobre las causas que han provocado esta tardanza tan grave en el sistema judicial”.
La magistrada Damaris Vargas intervino de manera breve no para cuestionar la iniciativa de Cruz, sino para aseverar que el control que se ejerza “debe estar asociado a poblaciones con vulnerabilidad”, como los pueblos indígenas “sería más grave si hay mora en esos asuntos”.
Por su parte, la magistrada Roxana Chacón reconoció que se trata de “dos casos emblemáticos y el Poder Judicial en estos asuntos no ha actuado como corresponde”, pero apuntó que “no estoy de acuerdo en que estos dos casos se agarren para análisis, cuando la responsabilidad de funcionarios no pueda ser tomada en consideración”, en alusión a lo expresado por Cruz, en el sentido de que no interesa tanto el “tema disciplinario” como el “problema estructural” detrás de los atrasos.
Orlando Aguirre, quien preside la Corte, expresó entonces que “debemos ordenar la investigación y si de acuerdo con resultado de un informe hay que iniciar procesos disciplinarios, no podríamos quedarnos callados”.
Ante una consulta del magistrado Paul Rueda, Cruz dijo que le parecía sensato dar tres meses para que la Contraloría de Servicios y a la Dirección de Planificación hagan sus investigaciones.
