San José, 03 sep (elmundo.cr) – En un movimiento para salvaguardar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Costa Rica, diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), junto con legisladores de al menos tres fracciones más, han presentado una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley 22.834.
Esta reforma, que modifica la Ley 8.754 contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, fue aprobada en primer debate y ha suscitado serias preocupaciones sobre su impacto en los derechos de los ciudadanos, particularmente en relación con la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada.
La iniciativa permitiría al Ministerio Público solicitar medidas cautelares anticipadas, como el secuestro de bienes, sin la necesidad de una denuncia formal ni la presentación de pruebas suficientes. Los legisladores advierten que esta disposición debilita el principio de presunción de inocencia, al imponer al ciudadano la carga de probar el origen lícito de sus bienes, sin que el acusador deba presentar evidencia concluyente de culpabilidad.
Además, los diputados del PLP señalan que el proyecto impone plazos irrazonables para que los ciudadanos ejerzan su derecho de defensa. Con solo tres días para responder a las medidas cautelares, se compromete la capacidad del acusado para presentar una defensa adecuada, contraviniendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben guiar cualquier proceso judicial en un Estado democrático.
Por otra parte, se cuestiona la violación del derecho constitucional a la propiedad privada. La reforma permitiría que el Estado tome posesión provisional de bienes y productos financieros sin pruebas concluyentes de su ilicitud, y sin garantías claras sobre la conservación de estos bienes durante el proceso, dejando a los ciudadanos vulnerables a posibles abusos de poder por parte del Estado.
El Partido Liberal Progresista (PLP) ha manifestado su firme oposición al proyecto en su forma actual, afirmando que no solo amenaza la presunción de inocencia, sino que también pone en grave peligro el derecho a la propiedad privada de los costarricenses. Aunque intentaron modificar el texto para mitigar sus efectos, los diputados del PLP sostienen que la propuesta sigue representando una seria amenaza a los derechos fundamentales.
La defensa de estos derechos, subraya el PLP, es esencial para preservar la democracia y garantizar que el poder estatal no se convierta en una herramienta de injusticia.
