San José, 14 jun (elmundo.cr) –El Directorio Político y la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional expresaron su posición luego de los allanamientos y detenciones que se realizan en Casa Presidencial, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en el Consejo Nacional de Vialidad, entre otras instituciones públicas.
Aseguraron que “condenan vehemente los presuntos actos de corrupción que están bajo investigación y que generaron las acciones judiciales emprendidas esta mañana”.
Además, exigieron “explicaciones al Poder Ejecutivo, particularmente al Presidente de la República, Carlos Alvarado, quien ha guardado silencio absoluto con respecto a este tema”.
De igual forma reclamaron “la separación temporal de los funcionarios públicos involucrados en la causa judicial, para un adecuado desarrollo de las investigaciones y respeto al debido proceso”.
Asimismo, reiteraron “la confianza en la labor que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales, en este caso el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público”.
Por otra parte indicaron que “avalan la realización de otras investigaciones que puedan proponerse, bajo los mecanismos idóneos y en el momento oportuno, permitiendo el avance de las pesquisas que se realicen desde el ámbito judicial”.
Desde el PLN afirmaron que “realizarán un análisis exhaustivo del quinto presupuesto extraordinario de la República, considerando que en ese plan de gastos se establecen erogaciones por más de 447 mil millones de inversión en obra pública”.
La presidenta del PLN, Kattia Rivera, lamentó “que este tipo de situaciones se presenten en la gestión pública de instituciones del Estado, hasta llegar a lo interno de Casa Presidencial. Debe existir cero tolerancia ante este tipo de casos, por la gravedad de las denuncias que han trascendido y que incluyen la desviación de recursos públicos”.
Por su parte la jefa de la fracción del PLN, María José Corrales, manifestó que “desde la Asamblea Legislativa condenamos que, una vez más, Casa Presidencial se vea expuesta a una situación que pone en entredicho la probidad de las acciones de sus funcionarios y las de otros servidores en ministerios e instituciones públicas”.
“Los allanamientos y detenciones que se han llevado a cabo el día de hoy comprometen la credibilidad y la institucionalidad no solo de un Gobierno, sino de todo el país”, concluyó.
