San José, 29 ene (elmundo.cr)- El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza se comprometió esta tarde a priorizar la contención del gasto público, a mejorar los ingresos e impulsar una regla fiscal constitucional, con el propósito de restituir la responsabilidad fiscal, en un eventual gobierno suyo.
De acuerdo con el aspirante socialcristiano, limitar el crecimiento del gasto permitiría privilegiar la inversión en infraestructura y tecnología, lo que a su vez ayudaría a la competitividad y la generación de empleo.
“Esta es una tarea central para lograr el crecimiento del empleo, para crecer en 200 mil nuevos puestos de trabajo en cuatro años y que nos va a permitir bajar la tasa de desempleo al 6%”, dijo.
Un primer paso para ello, será ordenar los salarios públicos, que permitirán contener el crecimiento y limitar los privilegios.
Asimismo, proponen que el impuesto de ventas avance hacia un impuesto sobre el valor agregado, sin aumentar la tasa actual del 13% y con tasas casi insignificantes para educación y salud.
La propuesta económica de los socialcristianos, fue liderada por la candidata a la vicepresidencia Edna Camacho y en esta también participaron el ex ministro de Hacienda, Alberto Dent; el exministro de Hacienda y Presidencia, Rodolfo Méndez; el exministro de turismo, Rubén Pacheco; el gerente de la Bolsa de Valores y exgerente del Banco Central José Rafael Brenes; el exvicepresidente del Banco Central, Álvaro Trejos; el embajador ante la OMC, Ronald Saborío; el exviceministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar; el economista, Pablo Villamichel; el ex ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos; y el ex Superintendente de Pensiones, Edgar Robles.
Sobre la regla fiscal, Camacho explicó que proponen poner un tope al déficit fiscal para que sea igual a cero, excluyendo inversión, de manera que se requiera de la aprobación del Congreso por mayoría absoluta cuando no se cumpla o la deuda sea mayor al 50% del Producto interno Bruto (PIB).
Los socialcristianos apuestan por una política económica que garantice un crecimiento vigoroso, haciendo uso de las políticas y recursos que dispone la administración aduanera para disminuir la evasión y el contrabando. También apuestan por una revisión de las exoneraciones existentes.
