San José, 05 ago (elmundo.cr) – La exdiputada oficialista Pilar Cisneros cuestionó la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó el nombramiento de magistrados suplentes y sostuvo que el tribunal habría invadido competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa.
“Costarricenses, este es un asunto serio, muy serio, y por lo tanto amerita calma”, manifestó Cisneros al referirse al debate generado por el fallo.
La exlegisladora planteó como punto central la interrogante sobre si la Sala Constitucional violentó el principio de separación de poderes al extender los nombramientos de magistrados suplentes cuyos periodos ya habían vencido.
“Nuestra democracia se sustenta en tres poderes independientes entre sí: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno tiene funciones específicas y ninguno puede suplantar al otro”, afirmó.
Asimismo, recordó que la Constitución Política otorga exclusivamente a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar magistrados propietarios y suplentes.
“Nuestra Constitución otorga de manera exclusiva a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar magistrados propietarios y suplentes de la Corte. ¿Qué significa exclusivo? Único, solo, excluyendo a cualquier otro”, señaló.
Cisneros sostuvo que ninguna instancia del Poder Judicial tiene facultades para realizar nombramientos o extender designaciones ya vencidas.
“Ni la Corte Plena, ni el Consejo Superior, ni mucho menos la Sala IV tienen competencia para nombrarlos. Tampoco pueden prorrogar nombramientos vencidos hace más de siete meses”, indicó.
En esa línea, enfatizó que “no se puede prorrogar lo que está vencido, terminado o caduco” y citó al politólogo Milton Madrid al afirmar que “quien pretenda revivir esa relación caduca no está prorrogando, está nombrando”.
“¿Y sabe qué? Solo los diputados pueden nombrar. Punto”, agregó.
Cuestiona imposición al Congreso
La exdiputada también defendió la potestad de los legisladores para decidir libremente sobre la elección de magistrados suplentes y rechazó que se pretenda obligar a la Asamblea a respaldar una lista determinada de candidatos.
“La Sala puede ordenarle al Congreso que vote una nómina, pero jamás puede exigirle que vote así o asa”, afirmó.
Añadió que la elección requiere el respaldo de al menos 38 diputados y que la libertad parlamentaria también contempla la posibilidad de no elegir a ninguno de los postulantes.
“Su elección requiere 38 votos libres, y la libertad incluye la posibilidad de no escoger a ninguno”, sostuvo.
Cisneros recordó que, al no alcanzarse consenso sobre algunos candidatos, la Asamblea devolvió el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que remitiera una nueva nómina, tal y como había ocurrido en ocasiones anteriores.
Sin embargo, criticó que en esta oportunidad el Poder Judicial rechazara esa decisión.
“Ahora, en su infinita arrogancia, la Corte rechaza la petición del Congreso”, cuestionó.
Críticas al sistema de nombramientos
La exlegisladora también señaló que durante décadas el bipartidismo tuvo amplia influencia en la designación de magistrados.
“Durante más de sesenta años el bipartidismo dominó ampliamente el Congreso y así nombró libremente a magistrados leales o afines políticamente”, afirmó.
Asimismo, recordó que durante su gestión como diputada se opuso a la ratificación de algunos magistrados.
“Fue frustrante que ratificaran por ocho años más a magistrados que acumulaban cientos de expedientes pendientes o que tenían una trayectoria estrechamente ligada a partidos políticos”, comentó.
“Un precedente funesto”
Cisneros advirtió que la decisión de la Sala IV podría sentar un precedente peligroso para el equilibrio institucional.
“El debate político, por intenso que sea, jamás justifica que el contralor de la constitucionalidad responda quebrando él mismo la legalidad que juró custodiar”, señaló, citando nuevamente a Milton Madrid.
Además, sostuvo que “los errores constitucionales no suman un acierto, suman un precedente funesto”.
La exdiputada también recordó criterios expresados anteriormente por el magistrado Fernando Cruz sobre los límites de la jurisdicción constitucional.
“Por muy graves que sean las afectaciones a los derechos o más loables que sean las causas, la Sala no puede entrometerse en las competencias constitucionales propias del legislador”, indicó.
Finalmente, llamó a buscar soluciones para destrabar el conflicto institucional.
“Los guardianes de la legalidad tampoco están exentos de rendir cuentas”, afirmó.
Como alternativa, planteó que la Corte podría convocar magistrados suplentes de otras salas para atender asuntos urgentes y remitir una nueva nómina que genere consenso en la Asamblea Legislativa.
“Vamos, costarricenses, dejemos el pleito y busquemos soluciones. El país lo que necesita es avanzar”, concluyó.
