San José, 13 mar (elmundo.cr) – Organizaciones, colectivos y personas promotores de medidas de Gobierno Abierto solicitaron al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís reconsiderar que la viceministra Ana Gabriel Zuñiga Aponte continúe a la cabeza de esos procesos.
En una carta abierta publicada este lunes, Cultura 52, Cultura de Gobierno Abierto, #OpenGovRogues, Oriana Oviedo Ojeda, Jack Raifer y Yara Esquivel suscribieron la petición al Mandatario.
La solicitud se hace a raíz de las revelaciones que Zuñiga Aponte ha cobrado el incentivo salarial de prohibición, sin cumplir dos de los tres requisitos establecidos para ello, además de que sus explicaciones ante la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso el pasado jueves no son aceptables.
“Su comportamiento y ética al enfrentar esta situación ha sido contraria a los principios que representan el Gobierno Abierto de Transparencia, Participación y Colaboración”, dice la carta.
Y agrega: “En un Estado de Derecho, los funcionarios públicos, y mucho menos los que ocupan direcciones importantes, pueden alegar desconocimiento de la Ley. Aun cuando no se esté en presencia de un acto por mala fe, no se les puede eximir de culpa, en particular por el perjuicio a los fondos públicos, pero sobretodo, por el impacto en la creciente pérdida de confianza a los representantes políticos. Este último genera un daño intangible con un costo muy alto para la Democracia”.
De acuerdo con los firmantes, no se puede tener a la cabeza de un movimiento global como lo es Gobierno Abierto, “a una persona que ha salido a defender solamente sus intereses, utilizando alegatos que solamente complican la situación y demuestran no solo un desconocimiento de la ley, sino un actuar ético contrario a la transparencia, pilar fundamental de este movimiento”.
Los firmantes pidieron además al Mandatario que realice una investigación exhaustiva sobre el pago del incentivo a la viceministra de la Presidencia, “a partir de la cual se le brinde a la ciudadanía una rendición de cuentas clara, completa y oportuna. Lo cual conlleva necesariamente a sentar las responsabilidades del caso”.
Por otro lado, la carta pide a la Procuraduría General, la Procuraduría de la Ética y la Contraloría General de la República, unificar pronunciamientos o lineamientos para que de una vez por todas se aclare “cualquier mala interpretación de la normativa vigente y evite sucesivos ‘errores'”.
