San José, 28 jun (elmundo.cr) – Sectores de la sociedad civil exigen en redes sociales explicaciones a 13 diputados del PAC y Frente Amplio por haber suscrito una consulta a la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley 17.742 “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico” el cual fue presentado mediante el mecanismo de iniciativa popular, usando una mentira como base.
Dos artículos y un transitorio de la iniciativa fueron declarados inconstitucionales por los magistrados de la Sala Constitucional tiempo atrás, por lo que el proyecto regresó al Congreso donde la Comisión de Consultas de Constitucionalidad recomendó al Plenario devolver el proyecto a la Comisión de Ambiente para que ahí se subsanen las inconstitucionalidades señaladas por los magistrados.
Sin embargo, dicho informe de la Comisión no ha sido conocido por el Plenario, por lo que el proyecto sigue sin avanzar.
A pesar de ello, los diputados del Frente Amplio (excepto Ligia Fallas) y cinco diputados del PAC (Marcela Guerrero, Franklin Corella, Javier Cambronero, Marco Vinicio Redondo y Nidia Jiménez) enviaron el 12 de mayo de 2016 a la Sala Constitucional una consulta facultativa de constitucionalidad, donde entre otros puntos, aseguran que el acto de devolver el proyecto a la Comisión de Ambiente para que sea corregido implicará que se continúe violentando el plazo de dos años establecido en la Ley de Iniciativa Popular para que este sea votado.
Sin embargo, y según consta en la consulta hecha por los diputados y de la cual EL MUNDO tiene copia, en la página 12 de la misma afirmaron erróneamente que el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad había sido aprobado por el Plenario en la sesión del jueves 12 de mayo de 2016.
Contradictoriamente, la consulta de los legisladores fue presentada ante la Sala Constitucional el 12 de mayo de 2016, a las 13:26 horas, lo que hace que tal argumento sea mentira, pues el Plenario del Congreso sesiona de lunes a jueves a partir de las 15:00 horas.
Los magistrados detectaron esa discrepancia entre las aseveraciones de los diputados de que tal aprobación del informe se había dado y lo que decía el expediente del proyecto de Ley, por lo que solicitaron el 1 de junio de 2016 una copia certificada del mismo para verificar que lo dicho por los legisladores era cierto.
El mismo día, Edgardo Araya Sibaja, jefe de fracción del Frente Amplio envió un escrito a la Sala Constitucional, donde afirmó “… un error material en el escrito inicial de la presente consulta de constitucionalidad […] es preciso señalar que el dictamen de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad no ha sido aprobado“.
Seguidamente, el jefe de los frenteamplistas le dijo a los magistrados que si bien el informe no había sido aprobado, esto podría ocurrir por lo que “se materializarían” los supuestos “vicios procedimentales” que solicitaron a los magistrados señalar en su consulta.
Los magistrados emitieron el pasado 15 de junio una sentencia en la que declaran que la consulta efectuada por los diputados no tiene lugar.
Esto porque le piden a los magistrados referirse a actos inexistentes, como lo es la aprobación del dictamen de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad sobre el proyecto de Ley.
“Ahora bien, de conformidad con lo expuesto por el presidente de la Asamblea Legislativa el 7 de junio pasado, así como por el diputado Edgardo Araya Sibaja, que expresa que el Plenario no ha conocido el Dictamen Afirmativo de Mayoría de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, le resulta claro a esta Sala que no puede pronunciarse sobre el acto reclamado por ser inexistente. Es necesario enfatizar que este Tribunal solo podría emitir opiniones consultivas sobre actuaciones concretas y firmes de los diferentes órganos legislativos. De este modo, entrar a definir en este momento que es lo que correspondería hacer al Plenario Legislativo, sería adelantarse a los acontecimientos. Mucho menos debe este Tribunal controlar la constitucionalidad de hipotéticas omisiones o actuaciones del órgano decisor, porque constituyen meras premoniciones. Por todo ello, no ha lugar a la gestión formulada al ser prematuras las pretensiones de los gestionantes“, dice el fallo.
Una de las que ha hecho el pedido de explicaciones públicamente es la diputada Ligia Fallas, única que no firmó la consulta hecha por sus compañeros de partido y por cinco diputados del PAC.
Mediante su perfil de Facebook, la legisladora etiquetó a los trece legisladores con el fin de que expliquen por qué usaron como base para la consulta una mentira. Sin embargo, lejos de obtener respuestas en los comentarios se leen fuertes insultos y ataques contra la diputada.
Edgardo Araya, mediante su sitio web afirmó que cuando presentaron esa consulta, en el escrito consignaron de manera “incorrecta” que el Plenario se había ya pronunciado sobre ese Proyecto, “cuando en realidad lo que había era una posibilidad de que eso sucediera”.
“Ese error fue de inmediato corregido cuando se detectó. En todo caso, la consulta tenía que ver con dos temas más, además de ese. El Tribunal Constitucional tomó la decisión, -a nuestro juicio equivocada-, de rechazar la consulta. Planteamos una solicitud de aclaración, y estamos aguardando que se nos señale la ruta procedimental para el camino que le falta recorrer a una de las propuestas de ley más importantes de nuestros días. Esperamos la aclaración para enderezar el andar de este proyecto y que la ley avance a paso firme”, dijo el legislador.
