San José, 12 jun (elmundo.cr)-El Quinto Informe Estado de la Justicia dedica un capítulo completo a la situación de las personas migrantes y refugiadas en el sistema judicial costarricense, y las conclusiones son contundentes: el acceso a la justicia para esta población es aún frágil, disperso y muy desigual.
Aunque el Poder Judicial ha emitido múltiples directrices y creado espacios de atención diferenciada, el informe señala que las medidas adoptadas carecen de articulación efectiva.
“Solo el 27% de las medidas es interinstitucional, a pesar de que el fenómeno migratorio es claramente multidimensional>>, enfatiza el documento.
Además, aunque el acceso formal a la Sala Constitucional es amplio, la respuesta mayoritaria a los recursos presentados por personas migrantes y refugiadas ha sido su rechazo, lo que mina la confianza en la tutela judicial efectiva.
El informe también documenta una lista de obstáculos internos y externos que dificultan el acceso a la justicia de esta población, entre ellos:
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Falta de intérpretes y barreras idiomáticas
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Trato discriminatorio en oficinas judiciales
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Desconocimiento de derechos y procesos
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Falta de coordinación con instituciones como Migración, Salud y Trabajo
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Lentitud extrema en la resolución de solicitudes de refugio
“La política judicial en este tema ha sido rica en intenciones, pero pobre en cumplimiento”, concluye el estudio.
Entre las recomendaciones se incluye fortalecer la institucionalidad migratoria, aumentar la formación del personal judicial en derechos humanos y garantizar una implementación efectiva de las medidas ya adoptadas.
