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PEN: Costa Rica registró 7.628 denuncias ambientales en 2025, la cifra más alta de la serie disponible

San José, 19 nov (elmundo.cr) – Costa Rica contabilizó 7.628 denuncias ambientales durante 2025 en el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada), la cifra más alta de la serie disponible, según el Informe Estado de la Nación 2026.

El documento señala que el número de denuncias aumentó un 9,9% en comparación con 2024 y fue 3,7 veces superior al registrado en 2015.

El Sitada, administrado por la Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), es una de las plataformas utilizadas por la ciudadanía para reportar posibles infracciones, riesgos u omisiones relacionadas con el ambiente.

El informe aclara que en Costa Rica existen diferentes mecanismos para presentar este tipo de denuncias, entre ellos el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y el Ministerio Público, los cuales tienen competencias, procedimientos y consecuencias jurídicas distintas.

Más de 2.400 denuncias ante el Ministerio Público

Durante 2025 ingresaron 2.426 denuncias a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, órgano especializado en la persecución penal de los delitos ambientales.

En ese mismo período se registraron 2.298 casos terminados. De estos, el 30,2% concluyó con acusaciones, mientras que las desestimaciones, los sobreseimientos y los archivos fiscales representaron en conjunto el 66,6%.

Los casos estuvieron relacionados principalmente con delitos asociados al aprovechamiento maderable, invasión de áreas protegidas, explotación ilegal de materiales, movilización de productos forestales y tráfico o comercio de vida silvestre.

Por su parte, el Tribunal Ambiental Administrativo recibió 215 expedientes durante 2025.

El Estado de la Nación también advierte sobre las limitaciones operativas de esa instancia. Según datos de la Defensoría de los Habitantes, cada persona juzgadora tenía un promedio de 4.560 expedientes pendientes de resolución a abril de 2026.

El informe plantea que el aumento de las denuncias y el rezago institucional representan desafíos para la capacidad del Estado de atender oportunamente los conflictos y posibles daños ambientales.

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