San José, 19 nov (elmundo.cr) – El conflicto socioambiental relacionado con la minería ilegal en Crucitas, en Cutris de San Carlos, evidencia problemas que van más allá de la extracción de oro: rezagos sociales, debilidades institucionales, afectaciones ambientales y expansión de actividades criminales.
Así lo plantea el Informe Estado de la Nación 2026, que dedica un aporte especial al análisis de la situación en esta zona del norte del país.
El documento describe una evolución del conflicto que comenzó con las primeras exploraciones mineras entre 1980 y 1993, continuó con los permisos de explotación y la creciente conflictividad socioambiental entre 1993 y 2010, y desembocó en una expansión de la minería ilegal desde 2010.
El informe señala que, tras la salida de la empresa minera, el yacimiento quedó sin resguardo, sin reparación del daño ambiental y sin una alternativa de desarrollo para la zona. Posteriormente, la minería ilegal pasó de ser una actividad de subsistencia a quedar capturada por el crimen organizado.
Tres dimensiones del conflicto
El estudio identifica tres grandes dimensiones que deben considerarse para resolver la situación en Cutris.
La primera es la ambiental, relacionada con la deforestación de áreas boscosas y la contaminación, principalmente del agua y el suelo.
La segunda es la social, vinculada con la inseguridad, la pérdida de control territorial y las deficiencias de infraestructura que dificultan la intervención del Estado y el desarrollo de la zona.
La tercera es la económica, asociada con la pobreza, la escasez de fuentes de empleo y las limitadas oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
El informe también destaca los rezagos sociales del distrito. Según el Índice de Desarrollo Social de 2023, Cutris ocupó la posición 430 de un total de 489 distritos del país, dentro de la categoría de menor desarrollo relativo.
Dos alternativas para resolver el conflicto
El documento identifica dos grandes vías que se debaten en el país.
La primera plantea mantener la prohibición vigente de la minería metálica a cielo abierto, acompañada de acciones de restauración ambiental, combate al crimen organizado, generación de alternativas económicas e inversión estatal en infraestructura y servicios básicos.
La segunda propone modificar el marco legal para permitir nuevamente la minería a cielo abierto en Cutris de San Carlos. Esta alternativa contempla distintas posibilidades que, según el informe, deben evaluarse por sus efectos sociales, económicos y ambientales.
El Estado de la Nación señala que cualquier solución debe valorar integralmente las consecuencias para las comunidades, el ambiente y la capacidad institucional del país para atender un conflicto que se ha extendido durante décadas.