San José, 22 may (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) , Paulina Ramírez, compartió su oposición rotunda para que se encarezcan los servicios de salud y se golpee económicamente a las personas con discapacidad.
“Me he propuesto estudiar minuciosamente el contenido de los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo sobre su ruta fiscal y en cuanto al expediente 23.763 aunque tenga un título bonito la verdad es que significará un duro golpe a las personas que tienen alguna discapacidad y volverá más caros los servicios privados de salud”, manifestó Ramírez.
El proyecto elimina la exoneración total sobre la venta o importación de equipo médico y lo fija en un 2%. También perderá la exoneración el equipo médico especial para personas con discapacidad también perdería la exoneración y los lentes de anteojería médica.
Ramírez cuestionó que el proyecto “hará más difícil el acceso a productos como sillas de ruedas, andaderas, bastones, camas especiales para hospitales, equipo ortopédico, prótesis, lentes ópticos de contacto, entre otros, que están destinados a mejorar su funcionalidad y fortalecer su autonomía como personas sujetas de derecho”.
La exposición de motivos señala en varias ocasiones la necesidad de evaluar el esquema de exoneraciones para determinar su impacto social, beneficio económico, si cumplen el fin legal o si requieren ajustes. Sin embargo, “no consta ninguna evaluación o estudio técnico que justifique el cambio en el tratamiento tributario”, advirtió la congresista.
Tampoco consta estudio técnico que determine el impacto fiscal de este proyecto de ley. “¿Cuál es la expectativa de recaudación fiscal?”, reprochó Paulina Ramírez.
La diputada recordó que “según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la población mayor de edad con discapacidad representa el 18.2% de la población nacional, es decir, aproximadamente 700.000 personas. De esa cantidad, 353.000 personas viven en condición de pobreza. El 14.4 % tiene discapacidad severa”.
Ramírez se apoya en la misma fuente para advertir que “cuando se le consulta le consulta a las personas con discapacidad las razones por las que no pueden utilizar productos de apoyo el 68,9 % dice que no pueden pagarlos. Es decir, ya, de por sí, en este sector de la población tienen dificultades para acceder a equipo fundamental para ellos y ellas y al Gobierno se le ocurre volverles la vida más difícil”.
