San José, 20 oct (elmundo.cr) – Un grupo de organizaciones LGBTIQA+ solicitaron a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos que la discusión sobre proyecto para eliminar terapias de conversión se base en la ciencia y el respeto a los derechos humanos.
Además, insisten en que apoyan el proyecto 20.970 para prohibir todas aquellas “torturas” dirigidas a revertir o modificar la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTIAQ+ disfrazadas de “terapias de conversión” y que acertadamente buscar prohibir este tipo de actividades que atentan contra la integridad física, emocional y psicológica de las personas con una sexualidad diversa.
Según Shi Alarcón-Zamora, vocerx de Resistencia LGBTIQA+ “las personas LGBTIQA+ no necesitamos curarnos de ser quienes somos: tener una orientación sexual o identidad de género diversa/diferente, no es una enfermedad mental ni física, es una forma de vida como cualquiera otra”.
“Los intentos de patologizar, borrar o cambiar la identidad de las personas, negar su existencia como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o de género diverso y provocar el odio hacia sí mismo, tienen consecuencias profundas en su integridad y bienestar físicos y psicológicos”, agregó.
Además explicó que el consenso de la comunidad científica es que la orientación sexual y la identidad de género son producto de la combinación de factores genéticos, cognitivos y culturales. No es una decisión, no se puede modificar a voluntad.
“Tal como han indicado organismos internacionales de salud y de derechos humanos las ‘terapias de conversión” que se utilizan para intentar convertir a las personas no heterosexuales en heterosexuales y a las personas transgénero o de género diverso en cisgénero, pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, sostienen.
Para las organizaciones ofrecer “terapias de conversión” constituye una forma de engaño, publicidad falsa y fraude, además de que son una grave amenaza a la salud, y atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas afectadas.
Por otro lado, solicitaron a la Presidencia a convocar el proyecto en el periodo de extraordinarias que inicia este 1 de noviembre de 2022.
