Nueva Ley obligará al sector público a rendir informe anual de labores, salarios, viajes y demandas

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Informe deberá entregarse a la prensa, partidos políticos, diputados y publicarse en el sitio web de cada institución.

Cuesta de Moras, 31 ago (elmundo.cr) – Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer martes en segundo debate, un proyecto de Ley que pretende reforzar la rendición de cuentas en el sector público.

Se trata de la iniciativa tramitada en el expediente 19.286, iniciativa del diputado cartaginés, Mario Redondo Poveda.

El proyecto, que recibió el aval de 41 diputados presentes al momento de la votación, establece una obligación a los máximos jerarcas de los Consejos Nacionales Sectoriales, ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, de elaborar, publicar y divulgar un informe anual, de la labor que desarrollaron durante ese año.

El informe deberá entregarse en la Asamblea Legislativa durante los primeros quince días del mes de mayo de cada año. Además deberá publicarse en el sitio web de la institución respectiva y enviarse a los colegios profesionales, escuelas universitarias, organizaciones sociales, comunales y productivas, además de a los medios de comunicación colectiva y partidos políticos.

En total son siete los diferentes puntos que debe contener el informe anual, según se desprende del texto aprobado por los legisladores y que se enviará al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para que lo convierta en Ley de la República.

Dichos puntos son los objetivos legales que dan origen a la entidad que remite el informe, los recursos financieros, humanos y materiales disponibles, incluyendo justificación de su necesidad y vigencia.

También debe contener el organigrama institucional que esté vigente, descripción de las diferentes áreas de trabajo, recuento del número de funcionarios y la clasificación de puestos con los salarios brutos.

Finalmente, el informe deberá incluir las metas y resultados del último año, descripción y justificación de los créditos asumidos, modificaciones salariales, contrataciones iniciadas o adjudicadas y procesos o demandas judiciales que hayan enfrentado o promovido, así como los viajes realizados por jerarcas de la institución y los limitantes u obstáculos encontrados.

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