No negociamos con narcotraficantes, enfatiza Administración Chaves Robles

San José, 27 sep (elmundo.cr) – La Administración Chaves Robles refuta enérgicamente la publicación realizada por el diario El Universal de México, donde se asegura una negociación con narcotraficantes costarricenses ligados a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

“No existe negociación. No existen acuerdos. No existen acercamientos con delincuentes costarricenses o mexicanos. No es parte del accionar del Gobierno negociar con narcotraficantes para bajar los índices de violencia o asesinatos”, indicó el Ejecutivo.

En este contexto, la Operación Soberanía tiene la misión a través de la implementación de escáneres de encontrar la mayor cantidad de droga que intenta ser enviada a Europa y Estados Unidos.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, recalcó que “el resultado mas claro y notorio de la Operación Soberanía es que desde su puesta en operación ni un solo kilo de cocaína ha sido enviado desde el puerto de APM Terminals a Europa. Lo que constituye una perdida irreparable para las Mafias Colombianas y los Carteles Mexicanos que utilizaban nuestro principal puerto del atlántico como ruta para exportar cocaína a Europa y lograr con ello ganancias de cientos de millones de dólares”.

“Ni los accidentes de camiones chocando contra los escáneres y las fallas eléctricas, de voltaje y de Internet nos detendrán”, aseguró el ministro de Seguridad.

Zamora recalcó que “ante la gravedad de esta noticia, estamos interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para el esclarecimiento, hasta sus últimas consecuencias, de la noticia criminis. Finalmente, el Cartel de los Soles y sus eventuales tentáculos sobre Costa Rica comporta otra línea de investigación que debe activarse al tenor de los acontecimientos actuales”.

Además, explicaron que la Operación Costa Rica Segura Plus refleja las acciones a nivel local por reducir los índices de violencia desde un enfoque preventivo tal y como lo permite el ordenamiento jurídico a nivel de Poder Ejecutivo.

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