San José, 24 sep (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz Rosales, presentó una solicitud formal de información ante la Corte Suprema de Justicia para cuestionar el destino de ₡8.000.000 destinados a la contratación de una empresa de comunicación para la difusión de una campaña en plataformas digitales.
La legisladora, en ejercicio de sus funciones de control político, requirió al presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, detalles sobre el procedimiento de contratación número 2026LD-000362-0001300001, ante la preocupación por el uso de recursos públicos en un contexto donde el Poder Judicial ha manifestado limitaciones presupuestarias.
“Considerando que esta contratación implica el uso de recursos públicos para la difusión de una campaña en plataformas digitales, y en atención al contexto presupuestario planteado públicamente por el Poder Judicial, resulta pertinente conocer la necesidad que la sustenta”, señaló la congresista en su misiva.
Guadamuz solicitó explicaciones sobre los criterios técnicos y financieros que justifican esta inversión y cómo se priorizó este gasto frente a otras necesidades de la institución. Asimismo, la diputada pidió aclarar si se valoró la capacidad instalada del Poder Judicial para ejecutar dicha campaña mediante sus propios recursos humanos y canales institucionales, en lugar de recurrir a una contratación externa.
Entre los puntos específicos solicitados por la legisladora destacan:
- El objetivo específico y la necesidad institucional que justifica la contratación.
- El detalle de los servicios, contenidos y plataformas que serán financiados.
- La dependencia que solicitó el proceso y la autoridad que lo autorizó.
- Los indicadores de éxito o metas establecidas para evaluar la efectividad de la campaña.
- La fuente presupuestaria y la partida específica de donde provienen los fondos.
Además, la diputada Guadamuz exigió la entrega de la documentación técnica, el estudio de mercado, el pliego de condiciones y la certificación presupuestaria que respalda el procedimiento, amparándose en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 10554).
Esta solicitud se suma a las diversas acciones de fiscalización que la legisladora ha mantenido sobre el uso de los recursos públicos en las instituciones del Estado, buscando transparencia en el manejo de las finanzas judiciales.
