San José, 22 jul (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz ha dirigido una solicitud formal de información al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, con el objetivo de fiscalizar el uso de los recursos públicos destinados al arrendamiento del edificio que alberga a la Sala Constitucional.
La legisladora cuestionó la eficiencia del gasto, señalando que el costo anual por el alquiler de dicho inmueble supera los ₡650 millones. Ante esta cifra, Guadamuz exige transparencia sobre la ocupación real de las instalaciones y la modalidad laboral de los funcionarios judiciales adscritos a este órgano.
“Con el propósito de conocer el grado de utilización del edificio que alberga la Sala Constitucional y la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a su arrendamiento”, la diputada fundamentó su petición en el derecho de control político que le otorga la Constitución Política.
En el oficio enviado a la Presidencia de la Corte, la congresista solicita un desglose detallado que incluye:
- La cantidad total de funcionarios y su modalidad de trabajo (presencial, teletrabajo o mixta).
- Un listado nominal con los puestos, la distribución de jornadas y el salario bruto mensual de cada servidor judicial en dicha dependencia.
- Un informe sobre áreas, pisos u oficinas que se encuentren actualmente sin ocupar o con ocupación parcial.
Asimismo, Guadamuz requirió copia del contrato de arrendamiento vigente, incluyendo adendas o prórrogas, y consultó sobre la existencia de planes institucionales para trasladar la Sala Constitucional a instalaciones propias del Poder Judicial, con el fin de evitar el gasto recurrente en alquileres.
La solicitud, amparada en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 10554), busca determinar si el Estado costarricense está realizando un uso óptimo de los fondos destinados a esta infraestructura.
