San José, 12 may (elmundo.cr) – El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, salió al paso de las críticas recibidas tras el reciente decreto ejecutivo anunciado por la presidenta de la República, Laura Fernández, el cual establece nuevas reglas para la ejecución del año carcelario en el sistema penitenciario costarricense.
Aguilar fue enfático al señalar que el objetivo de la normativa es poner orden y eliminar prácticas que, a su juicio, se han normalizado de manera incorrecta durante años. “Este decreto no viene a inventar que el año carcelario tiene 360 días, eso ya existe. Lo importante es otra cosa, venimos a cerrar portillos”, afirmó el jerarca.
El ministro aclaró que, bajo las nuevas disposiciones, el descuento de la pena por trabajo deberá ser riguroso. “El Código Penal es claro, el descuento de una pena de prisión se gana trabajando. Pero este trabajo tiene que ser real, con jornada, con registro y con supervisión. Durante años se ha permitido que actividades artísticas, literarias, artesanales, se tomen como si fueran un trabajo para descontar la pena. Eso se acabó”, sentenció.
Según el jerarca de Justicia, la ociosidad en los centros penales no será tolerada, advirtiendo que “una cárcel no es un motel”. Aquellos privados de libertad que no deseen trabajar o estudiar bajo los nuevos controles, deberán cumplir su condena “día por día”, completando los 360 días del año carcelario.
Regreso del tercio de la pena
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la reintroducción del requisito de haber cumplido al menos una tercera parte de la condena para optar por el régimen de confianza. Aguilar criticó que, bajo el esquema anterior, personas con penas de hasta 12 años podían acceder a beneficios en plazos significativamente menores.
“Eso es una barbaridad y no lo vamos a permitir más. De ahora en adelante, todos los privados de libertad deberán cumplir, como mínimo, la tercera parte de su condena si quieren pasar al régimen de confianza”, explicó.
El ministro añadió que este paso estará sujeto a una “exhaustiva revisión” para certificar que el recluso no represente un peligro para la sociedad. “Las condenas son para cumplirse, con orden y con autoridad. No más beneficios regalados, no más portillos, no más alcahueterías”, concluyó Aguilar.
