La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental investiga el ingreso de un camión con desechos varios al botadero clandestino ubicado en la Carpio- específicamente en la Finca de Las Ánimas Banavico- tras una visita que realizó el Ministerio de Salud donde pudo constatar el hecho.
El Ministerio Público tiene abierta una causa bajo el expediente 17-000031-0611-PE, por el presunto delito de Transporte y Disposición Ilegal de Residuos Ordinarios, sin perjuicio de que, con el avance de la investigación, se pueda recalificar el delito o agregar otros tipos penales. La pesquisa se centrará en identificar a las personas responsables de los hechos.
En la Finca de Las Ánimas Banavico, también conocido como “Finca La Caja”, opera un basurero clandestino desde hace 17 años, a vista y paciencia de la Municipalidad de San José, el Minae, Setena y la misma entidad encargada de velar por la salud de todos los costarricenses. Lo anterior, sin dejar de lado que ya hubo denuncias contra el vertedero a cielo abierto.
En ese sentido, la Fiscalía citó la ley 8839 para la gestión integral de residuos, que en su artículo 8 inciso f, da a las municipalidades la responsabilidad de prevenir y eliminar los vertederos de su cantón, lo que implica la prohibición tácita de dicho uso de suelo. Para el caso concreto, la Municipalidad de San José es la institución responsable de eliminar el vertedero denunciado.
Sobre la condición jurídica del botadero, la Fiscalía confirmó que es ilegal así como cualquier otro que opere en el país bajo dichas condiciones, puesto que en Costa Rica no está autorizado utilizar inmuebles para tales fines.
“Pese a que no se ha recibido ninguna denuncia formal sobre nuevos ingresos de camiones con desechos al botadero, sí se recibió el oficio que usted menciona (del Ministerio de Salud), el cual constituye una noticia criminis que permitió iniciar una nueva investigación”, explicó el Ministerio Público.
Las pesquisas se originaron a raíz de un oficio del cual EL MUNDO tiene copia, donde el Ministerio de Salud le informó a la Fiscalía del ingreso de un camión no identificado con desechos varios al vertedero, ubicado en “Finca La Caja”.
A pesar de que en un principio el Ministerio de Salud restringió el acceso al oficio, alegando que el periodista de EL MUNDO no demostró “interés legítimo” y que existía un proceso judicial abierto, el argumento se vino abajo a través de un Recurso de Amparo declarado con lugar por la Sala Constitucional, a favor de este medio de comunicación.
Incluso, los magistrados desestimaron el argumento de la entidad de salud en cuanto a la existencia de un proceso judicial en curso, ya que el mismo fue archivado desde el 13 de abril de 2016.
En la carta, el ente de Salud le hacer ver al Ministerio Público, a la Fiscalía Adjunta Agrario-Ambiental y al Poder Judicial, la necesidad de que se le informe sobre el seguimiento a la causa 14-000011-611-PE, respecto a la operación de las Fincas Las Ánimas, en la Carpio.
“Esta Área Rectora de Salud, realizando una visita de inspección en la zona de la Carpio, distrito la Uruca, logró observar que se estaba dando el ingreso a la finca en mención, por parte de un camión con desechos varios en su góndola o cajón, lo que hace suponer que se está dando una disposición de desechos dentro de dicha instalación”, explicó en el documento el Ministerio de Salud.
En las observaciones del escrito se desprende que en el mes de mayo de 2014, se le envió un oficio a la antigua directora de esa área de salud, Carolina Guillén Meléndez, el oficio No. 178-FAA-14, solicitando información sobre la causa de marras, contra Liliana Salazar Jiménez, representante del Tajo Electriona S.A. y los señores Johnny Beckles Bonilla y Carlos Villalobos Szuster, representantes de Banavico S.A. en finca Las Ánimas.
Antecedentes
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental investigó anteriormente una denuncia por el aparente delito de desobediencia a la autoridad, sin embargo, desde el 13 de abril de 2016, la causa 14-000011-611-PE fue desestimada definitivamente tras llegar a una conciliación en el proceso.
Por la razón antes mencionada, el actual caso se tramita como una nueva investigación debido a que no es posible reabrir la anterior (expediente 14-000011-611-PE), pues el proceso concluyó.
“Se acusó y en la audiencia preliminar se pactó una salida alterna al juicio, la cual se cumplió en el tiempo establecido y por ende se dictó un sobreseimiento definitivo, lo que significa que no se pueden juzgar nuevamente los mismos hechos”, aclaró el ministerio.
En denuncias anteriores, se citó el problema generado por la ubicación del botadero que, al parecer, no respeta el margen del río Torres, siendo un afluente que abastece a más de 1,5 millones de personas del Gran Área Metropolitana.
En dos ocasiones, el Ministerio de Salud clausuró el tajo para que no continuara operando de forma clandestina en cuanto al manejo de desechos, sin embargo, aparentemente los propietarios no acataron la orden y prosiguió el flujo de camiones y vehículos particulares en el vertedero.
Ante la inacción para cerrar definitivamente el botadero, se ha puesto en riesgo la salud de las personas que habitan en los barrios adyacentes, al estar expuestas a enfermedades como el dengue, chikungunya y zika.
“Este basurero clandestino tiene muchos años de operar a cielo abierto, recibiendo todo tipo de desechos no tratados. Nosotros como Organización Comunal hemos hecho las denuncias. Hay fotos y videos de camiones irresponsables que arrojan cualquier cosa a este sitio. Aunque las demandas llegan al propio ministro de Salud Fernando Llorca Castro, dicha institución no se ha pronunciado”, afirmó meses atrás la Presidenta de ASODECA, Northellen Jiménez.
EL MUNDO intentó conocer la opinión al respecto de la Municipalidad de San José, incluso en reiteradas ocasiones se realizaron llamadas al teléfono de la titular del departamento de Servicios Ambientales, Emperatriz Ordeñana, no obstante, al cierre de esta nota no fue posible contactarla, e incluso en el ayuntamiento indicaron que se encuentra de vacaciones.
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