San José, 17 mar (elmundo.cr) – Los integrantes de la Comisión de Reforma del Estado buscaron aprender de experiencias internacionales en temas de atención a la problemática de vivienda.
Para ello recibieron al experto del Banco Mundial, Augusto César Pinto Carrillo, en el marco de la discusión del expediente 23.450 que busca la creación del Ministerio de Territorio Hábitat y vivienda.
Pinto Carrillo se encuentra en Costa Rica como parte de una misión técnica de apoyo al Ministerio de Vivienda para crear un programa de mejoramiento integral de barrios. Según el experto, el país necesita una rectoría robusta que aglutine a todos los sectores y una buena relación entre vivienda y desarrollo humano así mismo de un sólido instrumento de financiamiento.
La diputada oficialista Pilar Cisneros, preguntó cómo crear una política de Estado y no una política de gobierno para atender las deficiencias actuales.
«Revisar el marco institucional y los acuerdos de coordinación interinstitucional para efectos de llegar todos juntos a donde se debe llegar al lugar que necesita la vivienda, entonces facilitar esos procesos de coordinación simplificar trámites. En Colombia esa ha sido una tarea enorme para que el hogar finalmente no salte 20 trámites sino dos por ejemplo para llegar al subsidio, es realmente una tarea importante, pero yo lo yo lo resumiría en mejorar en la estructura institucional los canales de coordinación y de toma de decisiones», señaló Pinto.
Olga Morera, diputada de Nueva República, consultó sobre las experiencias de contar con un ente rector y una institución que ejecute los recursos.
El experto afirmó que «tener todo condensado en una misma estructura puede ser más eficiente para efectos de coordinación, focalización, ejecución, seguimiento y evaluación el Ministerio de Vivienda como les digo en Colombia, con su convivienda dentro del ministerio realmente ha resultado más eficaz en la ejecución de la política y nos ha evitado más trámites más tiempos en esos temas de la coordinación interinstitucional».
Los diputados de la comisión acordaron pedir criterio a la contralora General de la República, Marta Acosta, y a la expresidenta ejecutiva del IMAS, Roxana Víquez.