San José, 17 set (elmundo.cr) – El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, presentó este viernes una propuesta formal y pública a las entidades estatales que mantienen apelaciones contra la sentencia que lo absolvió por unanimidad en el caso INS-Reaseguros: renunciará a las costas a las que tiene derecho si las instituciones desisten de continuar con el proceso judicial.
Rodríguez, de 86 años, busca cerrar un capítulo legal que suma 25 años de litigio, con el objetivo de obtener paz personal y evitar que el Estado costarricense continúe destinando recursos humanos y económicos a una causa donde, según la sentencia absolutoria emitida en mayo de 2026, no existen hechos probados en su contra.
“No me interesa ese dinero: solo quiero tener paz, que acabe esta persecución y que el Estado deje de gastar recursos”, declaró el exmandatario.
El exgobernante enfatizó que su lucha judicial no ha tenido fines económicos, sino la defensa de su nombre. “Volví a mi país a dar la cara ante los tribunales para defender mi nombre. No lo hice para buscar dinero, ni entonces, ni ahora”, subrayó.
Un proceso de 25 años
El caso INS-Reaseguros, iniciado en 2001, ha sido objeto de múltiples etapas procesales. Tras la sentencia absolutoria unánime de mayo pasado, la cual condenó al pago de costas por la “temeridad de las acusaciones”, se presentaron cuatro nuevas apelaciones que mantienen el proceso activo.
Rodríguez recordó que, en el pasado, la Sala Constitucional ya había determinado una violación a su derecho a una justicia pronta y cumplida debido a la excesiva duración de los procesos en su contra. Asimismo, rememoró su absolución en el caso ICE-Alcatel, tras 13 años de litigio, donde fue declarado inocente mediante sentencias unánimes.
“Después de 25 años de estar en la pena de banquillo, no es justo que se quiera continuar con este proceso cuando los jueces han sido contundentes al señalar que no hay un solo hecho probado en mi contra”, sentenció Rodríguez.
La propuesta del expresidente queda ahora en manos de las instituciones apelantes, quienes deberán decidir si aceptan el desistimiento de las costas a cambio de finalizar definitivamente el litigio, evitando así prolongar la exposición judicial del exmandatario y el gasto público asociado al caso.
