San José, 18 oct (elmundo.cr) – La diputada de la Unidad Social Cristiana, Melina Ajoy, manifestó su preocupación por las falencias e imprecisiones del reglamento del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para la aplicación de la tecnología 5G.
Se trata del decreto ejecutivo N.° 44196-MSP-MICITT que estableció el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, que se publicó en el diario oficial La Gaceta el jueves 31 de agosto.
Ajoy señaló que “me refiero de manera precisa al artículo 10, inciso E, que establece que sólo pueden aplicar o utilizar tecnologías y equipos de empresas que se han adherido al Convenio de Budapest”.
“Entre ellos no está China, Brasil, ni Corea del Sur, y lo interesante de la medida es que los equipos que actualmente utilizan los tres operadores del país en redes 4G es Huawei, y sin dejar de lado, las contrataciones realizadas por el ICE este año 2024, representan cerca del 40% con esa misma empresa”, agregó.
La legisladora criticó que “la supuesta justificación que surge es la de ciberseguridad y el resguardo de los datos, pero lo más interesante, compañeras y compañeros, es que el mencionado reglamento regula el cibercrimen. Es decir, se trata de una política penal común y no específica relacionada a la persecución del delito y no a su prevención como sí lo contempla la definición de ciberseguridad”.
“Es clarísimo que Sutel dice que no hay relación alguna del Convenio de Budapest con la regulación de las redes, y que ya existen otros estándares predeterminados para la industria, que ya han sido incorporados en otros procesos licitatorios ya adaptados, además de ser robustas, seguras y puestas a prueba como lo son los 3GPP, y además adicionan que a la fecha no existen reportes de cibercrimen en las redes de telecomunicaciones propiamente”, sostuvo.
Ajoy insistió en que “debemos de implementar 5G, pero debemos de hacerlo a la brevedad, pero basados en criterios técnicos y no políticos, buscando un equilibrio para promover la sana y libre competencia para el beneficio de este país”.
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