San José, 24 may (elmundo.cr) – El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) advirtió esta semana sobre serios riesgos y deficiencias en la implementación de los espacios de alta contención en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), tras realizar una serie de inspecciones preventivas en abril y mayo.
Las visitas respondieron a la declaratoria del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), a inicios de abril, de varios módulos penitenciarios como espacios de alta contención, con el objetivo de albergar a personas privadas de libertad que supuestamente requerían mayores niveles de seguridad. Sin embargo, según el MNPT, el proceso de traslado de unas 1500 personas se realizó de forma masiva y abrupta, sin respetar garantías mínimas y generando múltiples preocupaciones legales y humanitarias.
Principales hallazgos
Entre los hallazgos preliminares del MNPT —que se detallarán en un informe final— destacan:
- Restricciones que contradicen el Reglamento Penitenciario: Las directrices utilizadas reducen el número de visitas familiares, limitan el ingreso de menores de edad, restringen la recepción de encomiendas y suspenden programas educativos, laborales, religiosos y deportivos. Estas decisiones carecen de respaldo en normativa formal y violan derechos fundamentales.
- Falta de criterio profesional en los traslados: El MNPT constató que no se aplicaron los mecanismos previstos, como la participación de consejos interdisciplinarios, para evaluar si las personas trasladadas cumplían con los criterios de alta contención. En muchos casos, no se fundamentaron adecuadamente las decisiones.
- Ausencia de documentación formal: En los expedientes analizados, abundaron notas imprecisas, uso de normativa derogada y ausencia de informes técnicos que justifiquen las reubicaciones. Esto representa un riesgo de arbitrariedad, según el MNPT.
- Selecciones inadecuadas y reversibles: Al menos 69 personas fueron devueltas a regímenes de menor contención luego de que, tras el traslado, se comprobara que no cumplían con el perfil requerido. El MNPT no descarta que haya más casos similares.
- Violaciones al derecho a la información y la dignidad: Muchas personas privadas de libertad fueron notificadas abruptamente y no pudieron siquiera recoger sus pertenencias. Algunas ni siquiera recibieron explicación sobre las razones de su traslado, lo cual vulnera su integridad y derechos.
- Medidas restrictivas que niegan la resocialización: Las políticas aplicadas no consideran los avances individuales de las personas en sus procesos de rehabilitación. Esto contradice el principio resocializador de la pena que establece el Reglamento del Sistema Penitenciario y compromete la reinserción futura.
Llamado al respeto del Estado de Derecho
El MNPT reconoció la necesidad de respuestas especializadas ante las complejas estructuras del crimen organizado, pero enfatizó que la seguridad no debe socavar el Estado de Derecho ni justificar arbitrariedades.
“El país requiere políticas penitenciarias que fortalezcan la resocialización, así como una visión más amplia que incluya inversión social en zonas vulnerables, prevención del delito, justicia restaurativa y reparación a las víctimas”, señaló el órgano de control.
El Mecanismo instó al Ministerio de Justicia y Paz a corregir las deficiencias detectadas y a garantizar que la ejecución de la pena se mantenga dentro de los principios legales y humanitarios que rigen en un Estado democrático.
El informe completo de las inspecciones será publicado en las próximas semanas.
