San José, 05 ago (elmundo.cr) – La diputada de la fracción de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, presentó una propuesta de reforma constitucional al artículo 184 de la Carta Magna, con el objetivo de transitar hacia un modelo de fiscalización predominantemente posterior por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
La iniciativa busca que la Contraloría deje de ejercer el refrendo y la autorización previa en la contratación pública, un mecanismo que, según la legisladora, ha frenado el desarrollo de obras estratégicas para el país.
“Estamos presentando una reforma constitucional para que la Contraloría General de la República no vuelva a frenar proyectos importantes para el país, como Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, fortaleciendo la fiscalización posterior y la rendición de cuentas”, afirmó Ortega.
La propuesta establece que el control ejercido por el ente contralor sea, en adelante, “predominantemente posterior”, permitiendo que los actos administrativos tengan validez y eficacia sin depender de una autorización previa.
Según el texto, la ley regulará únicamente supuestos excepcionales de revisiones preventivas por razones de interés público o riesgo fiscal, las cuales tendrían un carácter no vinculante.
Ortega enfatizó que esta iniciativa no representa un intento por debilitar la institucionalidad ni los controles públicos. “Quiero ser clara desde el inicio, esta discusión no es en contra de la Contraloría General de la República, no es un ataque personal contra ningún funcionario, no es un ataque a la institucionalidad”, subrayó.
La diputada argumentó que el modelo actual, que ha sido objeto de debate durante décadas, requiere una actualización para mejorar la eficiencia estatal. “Esta es una discusión que hemos postergado durante décadas, una discusión que incomoda porque toca estructuras históricas, porque cuestiona formas tradicionales de hacer las cosas”, añadió.
El proyecto incluye una disposición transitoria que otorga un plazo de dos años para la implementación progresiva del nuevo modelo, durante el cual la Contraloría mantendría mecanismos de control previo únicamente en casos debidamente fundamentados por riesgo fiscal.
Finalmente, la reforma establece que los jerarcas y funcionarios públicos mantendrán su responsabilidad personal y patrimonial ante cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico o que cause daño al erario público, reforzando así la rendición de cuentas bajo el nuevo esquema de fiscalización.
