Marta Esquivel propone reglas estrictas para eliminar el cabildeo en nombramientos legislativos

San José, 14 jul (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Marta Esquivel Rodríguez presentó el expediente 25.640, una iniciativa que busca establecer un marco regulatorio riguroso para los procesos de nombramientos públicos que realiza la Asamblea Legislativa, con el objetivo de erradicar el cabildeo informal y las influencias indebidas.

El proyecto propone transformar la forma en que el Congreso designa cargos de alta jerarquía, estableciendo que toda interacción entre los postulantes y los legisladores deba canalizarse exclusivamente a través de audiencias públicas oficiales. Según la propuesta, esto garantizaría que los procesos sean trazables, abiertos y accesibles para toda la ciudadanía.

Entre las medidas clave del expediente se incluyen:

  • La prohibición expresa de reuniones privadas, almuerzos o encuentros informales entre diputados y aspirantes durante el periodo del concurso.
  • La creación de una bitácora pública de contactos para registrar cualquier comunicación.
  • La obligatoriedad de declarar vínculos e intereses por parte de las personas postulantes.
  • Un régimen de sanciones para quienes incumplan con estas disposiciones.

“Los costarricenses merecen tener la certeza de que quienes ocupan los cargos más importantes del Estado son elegidos mediante procesos transparentes, objetivos y libres de cualquier tipo de influencia indebida. La confianza en las instituciones también se construye garantizando reglas claras y rendición de cuentas”, afirmó la legisladora Esquivel.

Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos recientes de la diputada por fortalecer la integridad institucional, como su propuesta para que el fiscal general de la República sea elegido mediante un concurso público por parte de la Asamblea Legislativa, buscando así mayor transparencia y control democrático en los nombramientos de alto nivel.

Con este proyecto, se pretende reforzar la publicidad de los procesos parlamentarios y devolver la confianza ciudadana en las decisiones que se toman desde el primer poder de la República, evitando que las designaciones se vean empañadas por la discrecionalidad o el cabildeo fuera de los canales oficiales.

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