San José, 14 jul (elmundo.cr) – Personas en condición de vulnerabilidad que requieren acceder al aseguramiento por el Estado o a pensiones del Régimen No Contributivo enfrentan un calvario administrativo ante la negativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de actualizar sus fichas de información social.
La Defensoría de los Habitantes ha intensificado su intervención tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos que, al acudir a las oficinas de la CCSS, son remitidos al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para realizar la valoración socioeconómica, a pesar de que la normativa vigente y criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan una responsabilidad compartida.
Un laberinto legal y administrativo
El conflicto se sustenta en una interpretación sobre la naturaleza de la participación de la CCSS en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE).
En abril pasado, la Procuraduría emitió el dictamen vinculante PGR-C-064-2026, donde aclaró que, cuando la CCSS administra programas financiados con recursos de FODESAF, su participación en la actualización de datos de beneficiarios no es opcional, sino una “obligación jurídica derivada directamente de la ley”.
El órgano procurador fue enfático: cuando la información en el sistema resulta incompleta o requiere verificación, es la institución ejecutora —en este caso, la CCSS— la que debe realizar las investigaciones necesarias, incluyendo visitas domiciliarias o evaluaciones técnicas, para garantizar el acceso a los beneficios.
CCSS sin plazos claros
Ante la consulta de la Defensoría sobre por qué no se han emitido directrices claras a las sucursales y áreas de salud para cumplir con este mandato, las gerencias Financiera y Médica de la CCSS reconocieron que, desde el 24 de abril, la presidencia ejecutiva instruyó la creación de un plan piloto para asumir la actualización del Registro de Información Social.
Sin embargo, a pesar de haber conformado equipos de trabajo para valorar la capacidad instalada y coordinar con el SINIRUBE, la institución admitió que el plan aún no está finalizado y no ofreció plazos estimados para su implementación.
La CCSS indicó que el análisis en desarrollo contempla priorizar a las personas que actualmente se ven privadas de medicamentos, tratamientos o consultas debido al vencimiento o afectación de su aseguramiento. No obstante, para los afectados, la falta de una solución inmediata continúa siendo una barrera crítica para su derecho a la salud y a la protección social.
