San José, 21 jul (elmundo.cr) – La diputada Marta Esquivel, con el respaldo de la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, por la presunta comisión del delito de peculado de servicios y cualquier otro ilícito que pudiera derivarse de los hechos denunciados.
La denuncia sostiene que la contralora habría utilizado recursos humanos y servicios jurídicos de la Contraloría General para asumir la defensa personal de funcionarios demandados individualmente en procesos judiciales.
Según la legisladora, este actuar constituiría un uso indebido de recursos públicos, los cuales están destinados exclusivamente al cumplimiento de las funciones institucionales y no a la representación legal de funcionarios en asuntos de responsabilidad personal.
“La fiscalización debe comenzar por quienes administran y vigilan los recursos públicos. Nadie puede estar por encima de la ley ni utilizar recursos del Estado para fines personales. Corresponde ahora al Ministerio Público investigar estos hechos con total objetividad y determinar las responsabilidades que correspondan”, señaló la diputada Esquivel.
De acuerdo con el documento presentado, la División Jurídica de la Contraloría tiene como función defender los intereses institucionales del órgano contralor, por lo que se solicita al Ministerio Público abrir una investigación formal para determinar si existió una desviación de servicios públicos en beneficio de terceros y establecer las eventuales responsabilidades penales.
La acción penal solicita que se inicie la investigación preparatoria y se practiquen las diligencias necesarias para determinar el grado de participación de los involucrados y la eventual afectación al erario público.
Esta denuncia se suma a una serie de cuestionamientos que la diputada Esquivel ha realizado recientemente contra la gestión de la Contraloría, institución a la que ha señalado anteriormente por su papel en el denominado “Caso Barrenador” y por la fiscalización de proyectos de infraestructura pública.
