San José, 6 mar (elmundo.cr) – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó un documento de análisis y recomendaciones sobre el Proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros (TEP), que había sido solicitado por el Gobierno, tras las fuertes críticas que recibió el proyecto presentado en 2020.
Aunque el Gobierno insiste en el que BID respalda su proyecto del tren, los diputados alertan sobre los hallazgos hechos por el ente internacional.
Los señalamientos aparecen en el Documento de Análisis y Recomendaciones, elaborado por el Banco y remitido a la presidenta de Incofer, Elizabeth Briceño, el 25 de febrero del 2021.
Ante esto, la diputada socialcristiana, María Inés Solís, aseveró que el BID hizo una serie de señalamientos a este proyecto que no se pueden dejar pasar por alto.
La legisladora destacó que entre los que se encuentra la recomendación de que sea un proceso que se realice por fases, indicando como fase inicial únicamente la línea 2, redimensionar el material rodante del proyecto según estándares de ocupación de proyectos similares para no tener problemas a futuro de bajas en los niveles de ocupación (que sabemos también afectaría el subsidio), implementar mejoras en líneas 1 y 3, entre otros.
Solís, fue enfática en la importancia de remodelar el transporte, no obstante, la congresista muestra su preocupación ante las dudas que genera el proyecto.
“Lo he dicho en reiteradas ocasiones, es importante avanzar en un transporte moderno y eficiente para el país, lo que de mi parte siempre he solicitado es claridad y transparencia, especialmente al indicar de donde va a salir el dinero para fondear el subsidio de esta opción en específico”.
Según la diputada se sabe que este tipo de ayudas son normales a nivel internacional, pero quedan dudas sobre cómo le hará frente el país al pago.
“Aquí el cuestionamiento siempre ha sido de dónde va a salir ese dinero”, mencionó.
El plan del Tren Eléctrico de Pasajeros (TEP) ha sido una de las promesas más recurrentes del actual Gobierno.
La obra costaría $1.553 millones y se adjudicaría por 35 años. Como parte del plan el Estado asumiría un préstamo por $550 millones con el BCIE y subsidiaria parte de la operación.
Ante ese panorama y la situación fiscal del país, el BID urgió recientemente a un generar un equipo que analice las demandas financieras. El grupo debería ser multisectorial por la inexperiencia del país con ese tipo de contratos.
“La definición de la estructura de estos aportes públicos al proyecto requerirá la participación del Ministerio de Hacienda y otras entidades públicas; de manera de lograr un Convenio de Financiación Pública con compromisos futuros de aportes al proyecto”, sostuvo el ente.
