Magistrados en contra de proyecto que bajaría castigos por delitos menores no violentos

Celso Gamboa conversa con la prensa tras ser juramentado como nuevo magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Celso Gamboa conversa con la prensa tras ser juramentado como nuevo magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Celso Gamboa, magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.

Cuesta de Moras, 11 ago (elmundo.cr) – Impunidad e inseguridad generaría la aplicación del proyecto de Reforma al Código procesal Penal, que pretende bajar la severidad de los castigos por delitos menores no violentos, dijeron los magistrados Carlos Chinchilla y Celso Gamboa al comparecer ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa busca establecer proporcionalidad en los delitos y contravenciones, regresa los daños y hurto menor a la fase de contravenciones, además de que amplía los plazos para solicitar la suspensión del proceso a prueba.

Con la aplicación de esas medidas la iniciativa pretende disminuir el hacinamiento en los centros penales del país.

Sin embargo, el magistrado Carlos Chinchilla sostuvo hoy que su aprobación no tendría ningún efecto en la disminución del número de privados de libertad, pues aseguró que el hacinamiento solo disminuiría un 0.08%, esto porque el número de personas que son recluidas por delitos menores es muy bajo; en cambio aseguró, se generaría una gran inseguridad ciudadana.

Para resolver los delitos menores, según Chinchilla, el Código Penal ya contempla mecanismo para resolver esos asuntos y el Fiscal General cuenta con la potestad de desestimarlos.

Otra de objeciones que hizo el Magistrado al proyecto, es que sostiene que aumentaría hasta en cuatro millones de colones los procesos, al ampliar los plazos.

Por su parte el magistrado Celso Gamboa cuestionó la ampliación de la etapa intermedia como se pretende en el proyecto, pues aseguró que eso la desnaturaliza llevándola a un desgaste muy alto.

Gamboa recordó que en el país la mora judicial es muy alta y la Fiscalía tarda hasta 600 días en sacar un asunto acusado para luego ser trasladado al juzgado penal para convocar a audiencia preliminar.

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