Durante su intervención, Zamora fundamentó su posición en el artículo 167 de la Constitución Política, que establece la obligación de consultar a la Corte Suprema de Justicia cuando se discutan y aprueben proyectos de ley relacionados con la organización o el funcionamiento del Poder Judicial.
“La Corte no solo tiene la potestad, sino que tiene también la responsabilidad constitucional de informarle al Congreso sobre la afectación que el presupuesto de la República 2027 implica para su funcionamiento y organización en diversos ámbitos”, manifestó el magistrado.
Zamora recalcó que la disposición constitucional establece una obligación para el Congreso y no una simple posibilidad de consulta.
“No dice podrá, dice deberá consultar. Es un deber, una obligación, deberá consultar a la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
El magistrado también recordó que, según el artículo 167, para que la Asamblea Legislativa se aparte del criterio de la Corte Suprema de Justicia se requiere el voto de dos terceras partes de sus integrantes.
En ese sentido, sostuvo que la intervención de la Corte ante las posibles consecuencias del presupuesto no constituye una iniciativa discrecional ni una atribución creada por los propios magistrados, sino una facultad contemplada en la Constitución Política.
“Es un deber de la Asamblea Legislativa y una facultad del Poder Judicial”, expresó.
Zamora agregó que, si la Asamblea Legislativa incumple su deber de consulta, la Corte tiene la responsabilidad de ejercer la facultad que le otorgó el constituyente.
“Incumplido el deber de la Asamblea, esta Corte tiene la responsabilidad constitucional de ejercer la facultad que el Constituyente del 49 le dio. No es un invento de esta Corte, es la Constitución Política la que establece ese deber de la Asamblea de consultar y ese poder de la Corte de ejercer la facultad de informarle a la Asamblea que hay una afectación”, concluyó.
Las declaraciones se producen en el marco de la discusión del presupuesto nacional para 2027 y de las advertencias de distintos magistrados sobre las posibles consecuencias de las restricciones presupuestarias para la continuidad de los servicios judiciales.
