San José, 12 oct (elmundo.cr) – La magistrada de la Sala de Casación, Patricia Vargas, calificó el proyecto de presupuesto nacional para 2027 como el golpe más severo que recibiría el Poder Judicial en décadas, debido a las restricciones planteadas para el uso de plazas vacantes y la disponibilidad de recursos económicos.
Durante su intervención, Vargas advirtió que las disposiciones presupuestarias tendrían consecuencias directas sobre la capacidad de la institución para brindar sus servicios de administración de justicia.
“Yo creo que es el golpe más duro que el Poder Judicial ha recibido en décadas”, manifestó la magistrada al referirse al proyecto de ley de presupuesto para el próximo año.
Según explicó, la propuesta contempla restricciones que impedirían utilizar 2.466 plazas vacantes, además de una afectación económica cercana a los ₡30.000 millones.
“Hablamos de 2.466 plazas vacantes que no podrán ser utilizadas. Hablamos de casi 30 mil millones que no estarán en las arcas del Poder Judicial al iniciar el año”, señaló Vargas.
La magistrada cuestionó que estas limitaciones estén sujetas a reglas que, según indicó, serían aplicables exclusivamente al Poder Judicial.
A su criterio, las medidas no solo representarían una limitación presupuestaria para la institución, sino que también comprometerían la continuidad y la calidad de los servicios que brinda a la ciudadanía.
“Una afectación tremenda al servicio de administración de justicia, todos los servicios que brinda el Poder Judicial”, advirtió.
Vargas insistió en la gravedad de las consecuencias que podría tener la propuesta y pidió dimensionar el impacto de las restricciones planteadas.
“Esto es así, yo creo que hay que señalarlo con absoluta claridad, es el golpe más serio que el Poder Judicial ha recibido, recibiría en décadas”, concluyó.
Las declaraciones se producen en medio de la discusión sobre el presupuesto nacional de 2027. Las cifras y los efectos señalados por la magistrada corresponden a su valoración del proyecto presupuestario, por lo que deben distinguirse de las disposiciones que finalmente queden aprobadas.
