Durante su intervención ante la Corte Plena, Sánchez se refirió a las disposiciones presupuestarias conocidas en los últimos días, tanto a partir de lo dictaminado por la Contraloría General de la República como de la propuesta publicada por el Ministerio de Hacienda.
“Definitivamente hay normas presupuestarias, propuestas que limitan la continuidad del Poder Judicial para el año entrante”, manifestó el magistrado.
Sánchez calificó la situación como una obstrucción sin precedentes al funcionamiento de la institución.
“Nunca creo en la historia de este país se ha visto semejante obstrucción al funcionamiento del Poder Judicial”, afirmó.
El presidente de la Sala Segunda centró parte de sus cuestionamientos en la eventual suspensión de más de 2.300 plazas, una medida que, según advirtió, tendría consecuencias directas sobre la capacidad institucional para atender los procesos judiciales.
“Solamente suspender la utilización de más de 2.300 plazas. Eso definitivamente vendría a paralizar el Poder Judicial. Es indiscutible ese tema”, señaló.
Además de las consecuencias para la prestación de los servicios de justicia, el magistrado alertó sobre el impacto administrativo y financiero que podría generar la medida, particularmente ante la necesidad de disponer de recursos para atender los pagos correspondientes a las personas que eventualmente quedarían cesantes.
“Eso generaría un problema gravísimo, no solo de gestión de la administración de justicia, sino también de requerir los presupuestos para pagar a todas las personas que quedarían cesantes”, indicó.
Finalmente, Sánchez sostuvo que las consecuencias de las propuestas presupuestarias deben analizarse con detenimiento por parte de la Corte, debido a sus posibles repercusiones en la continuidad de los servicios judiciales.
“Eso creo que no se ha dimensionado y eso es un aspecto que esta Corte tiene que valorar”, concluyó.
Las advertencias del magistrado se producen en el marco de la discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial para 2027. Las consecuencias señaladas corresponden a su valoración sobre las propuestas presupuestarias y no implican que la suspensión de las plazas ya se haya ejecutado.
