San José, 26 set (elmundo.cr) – Los intentos de la Defensoría de los Habitantes por implementar el salario único en la institución se vieron truncados por la imposibilidad que existe, producto de la propia Ley que le dio origen.
Así lo reconoció la noche de este lunes la Defensora Monserrat Solano Carboni, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la defensa que hizo la jerarca del Presupuesto 2017 para la institución que encabeza.
De acuerdo con Solano, si bien analizaron implantar la modalidad de salario único al igual que lo han empezado a hacer algunas instituciones, la propia Ley de la Defensoría de los Habitantes, vigente desde el año 1992, establece varios incentivos salariales que no podrían eliminarse sin que se haga una modificación desde el seno de la Asamblea Legislativa.
Se trata delartículo 9 de la Ley de la Defensoría, que establece un plus salarial de prohibición del 65% del salario para los licenciados, de un 45% para los egresados universitarios y de un 30% para los bachilleres universitarios.
El segundo plus salarial es la anualidad, que por ser un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa tiene la misma del Primer Poder de la República: 3,5% como mínimo y 4,65% como máximo.
La Defensoría de los Habitantes es una institución que tiene 180 funcionarios y según Carboni, la mayoría están en propiedad por lo que no puede ponerse en marcha un programa de renovación de personal. Asimismo, manifestó que para este año cinco nuevas plazas serán ocupadas por personas con discapacidad.
En total, el rubro de remuneraciones en la Defensoría de los Habitantes representará el 85% de su presupuesto total de 6134 millones de colones, es decir 5216 millones de colones. De ese monto, 2101 millones se emplearán para el pago de salarios y 3115 millones para el pago de pluses salariales y contribuciones sociales.
El resto de recursos según expuso la defensora se usarán para renovar tres vehículos de su flotilla actual, compuesta 15 por unidades ya que son automóviles muy antigüos y en los cuales se incurren altos costos de mantenimiento.
Asimismo la Defensoría de los Habitantes presupuestó más dinero para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Expedientes, para la defensa en materia de Derechos Humanos; ya que el sistema que actualmente emplea fue donado por el Gobierno de Taiwán en 1999 y ya no permite más ajustes.
Además la institución requirió recursos para la construcción de un área de oficinas en el segundo nivel del edificio de bodegas y el reemplazo de cableados del sistema detección de incendios y su extensión a las edificaciones no protegidas.
