Laura Fernández presenta primer paquete de proyectos para la recuperación de la justicia y seguridad

San José, 15 jun (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa el primer paquete de proyectos de ley en materia de recuperación de la justicia y la seguridad.

Fernández señaló que “las promesas que se han realizado o que he realizado en materia de combate frontal al crimen organizado en nuestro país se cumplen”.

“Este conjunto de proyectos de ley representa el cumplimiento de mi palabra empeñada a los costarricenses. Estamos haciendo desde el gobierno de la República enormes esfuerzos porque Costa Rica camine por un ambiente de seguridad y de paz en todo el territorio nacional”, sostuvo.

El primer paquete de proyectos esta compuesto por los siguientes 6 proyectos:

1.La Ley Gerson Rosales: busca proteger a los cuerpos policiales, endureciendo las penas a quienes obstaculicen su labor, o endureciendo las penas a quienes ataquen a los oficiales de los diferentes cuerpos policiales, con esto la respuesta armada de un oficial de policía debe presumirse como legítima defensa. Además de sanciones más fuertes para aquellas personas que se resisten al arresto y negación de la libertad condicional a quien cometió un delito contra un policía.

“Con este proyecto de ley estamos regulando el uso de la fuerza y estableciendo que es justificado por parte de los cuerpos policiales en el cumplimiento de su labor de protección a las familias costarricenses y recuperación de la seguridad”, aseguró la mandataria.

2. Ley de sanción de pertenencia a organizaciones criminales: Las personas que sean parte o brinden servicios a organizaciones criminales serán sancionadas con penas de 3 a 8 años.

Fernández señaló que “pertenecer a una banda criminal tiene que ser un delito en Costa Rica. No podemos seguir más con estas alcahueterías de que hay sujetos de diferente naturaleza incluso profesionales. Las bandas criminales tienen hoy hasta contadores, especialistas en tecnología, abogados a su servicio y nuestro país como decimos en Esparza, asando elotes”.

3. Ley de mano firme contra la reincidencia delictiva: lo que busca es que se le dé prisión preventiva a los reincidentes, impidiendo que los jueces los liberen por arraigo familiar o por arraigo laboral. También se establecen tres categorías para castigar la reincidencia: reincidencia simple, quien comete un nuevo delito intencional en un lapso de 15 años, reincidencia cualificada, cuando el nuevo delito tenga que ver con delincuencia organizada, narcotráfico o pertenencia a asociaciones criminales, reincidente habitual, quien en 15 años acumule tres o más delitos intencionales con sentencia y cometa uno nuevo y el profesional delictivo, la persona que hace de la delincuencia su estilo de vida, con tres o más sentencias firmes y cometa un nuevo delito intencionalmente.

“Tiene que acabarse la alcahuetería contra los criminales reincidentes, quien haga del crimen su forma de vida tiene que recibir penas más severas (…) Nosotros estamos del lado de la víctima. Y sí, se lo digo de frente, yo estoy del lado de las víctimas. No estoy del lado de los delincuentes. Y si eso, por eso me quieren tachar de lo que me quieran tachar, no me importa. Aquí el primer lugar de las políticas públicas y de las Leyes de la República tienen que ocuparlo las víctimas”, indicó.

4. Ley de cero ocio en las cárceles: Las personas privadas de libertad para obtener beneficios de disminución de la pena tienen que participar de una actividad productiva, de lo que se ganen un 35% será para su manutención, otro 35% será destinado a las familias de las víctimas, 20% para apoyar a sus familias y un 10% se destinará a un fondo de ahorro para cuando salgan de la cárcel puedan rehacer su vida.

Fernández recalcó que “nuestro país está cansado de consentir vagabunderías y alcahueterías en los centros penitenciarios. (…) No queremos más vagos en la cárcel. Así que estamos estableciendo que las personas privadas de libertad tienen que participar en una actividad productiva”.

5. Ley contra las pistas de aterrizaje clandestinas: Lo que busca es aumentar las penas de prisión de 5 a 10 años para propietarios, arrendatarios, poseedores o administradores de pistas, aeródromos o sitios de atraque vinculados con actividades ilícitas. De igual forma se dará la confiscación definitiva de maquinarias, equipo y vehículos usados para construir pistas vinculadas al narcotráfico y el propietario de esa finca o de ese terreno no podrá vender, arrendar o traspasar la propiedad usada para una pista clandestina por un año prorrogable a otro más.

“Hay hoy en Costa Rica alrededor de 200 pistas clandestinas y tenemos legislación para castigar esos temas, pero de la experiencia comprobada nos dimos cuenta que esa legislación es un saludo a la bandera, que esa legislación no tiene los dientes, no tiene la potencia para que quienes operen pistas clandestinas tengan sanciones fuertes”, indicó.

6. Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales: Las personas que cumplieron condenas por delitos contra la vida, crimen organizado y narcotráfico no tendrán derecho al olvido, por lo que estos delitos se mantendrán en los registros judiciales 15 años después de cumplida la condena, pero para efectos policiales, judiciales o de investigación para otorgar beneficios carcelarios o fijar condenas, esos registros no se eliminarán nunca.

La mandataria explicó que “estamos corrigiendo nuevamente el error de gobiernos garantistas que les dieron a los delincuentes de más alta gama del país el derecho al olvido. El derecho al olvido que no tienen las familias de las víctimas”.

Fernández recalcó que “este es el momento de poner por delante al país, especialmente de poner por delante el dolor de tantas personas. Este es el momento de reivindicar, reitero, y no con poses políticas a los cuerpos policiales”.

“Mi gobierno está haciendo todo lo que a nosotros nos toca. Ahora les toca a ustedes, diputados y diputadas, tomar las decisiones que nuestros cuerpos policiales y que las familias de las víctimas están esperando. Llegó el momento, señores diputados, de acelerar la tramitación de estos seis proyectos de ley. (…) Les hago un llamado patriótico a responderle al pueblo de Costa Rica con lo que están esperando de parte de nosotros, que son resultados, acciones concretas”, concluyó.

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