San José, 16 jun (elmundo.cr) – La Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió el pasado 2 de junio un contundente criterio legal que desnuda las grietas jurídicas del acuerdo suscrito entre la Administración universitaria y el Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA), tras la ocupación de los Edificios Administrativos B y C de la Rectoría, ocurrida entre abril y mayo de 2026.
El documento, identificado como Opinión Jurídica OJ-207-2026 y firmado digitalmente por el Dr. Jeffry A. Chinchilla Madrigal, director de esa dependencia, responde a la consulta formulada por el rector Dr. Carlos Araya Leandro mediante el oficio R-3820-2026. Su conclusión central es inequívoca: el acuerdo es jurídicamente endeble, con vicios que podrían acarrear su nulidad absoluta.
El MEA, sin portería jurídica: un pacto político, no un contrato vinculante
El primer golpe al acuerdo lo da la propia naturaleza jurídica del MEA. La Oficina Jurídica advierte que ese movimiento carece de personalidad jurídica y, por ende, de capacidad de actuar. Aunque el punto 2 del acuerdo le reconoce “legitimidad como actor político”, ese reconocimiento político no equivale a capacidad jurídica para suscribir compromisos que afecten el patrimonio universitario o la aplicación de normas institucionales.
La ironía la señala el propio documento: en sus cláusulas técnicas, el mismo acuerdo delega la representación estudiantil real en “representantes electas de la sede Rodrigo Facio y de las sedes regionales”, no en el MEA. Eso revela que incluso quienes redactaron el texto sabían que ese movimiento no podía actuar como contraparte formal.
Sin portería, concluye la Oficina Jurídica, el MEA no puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para exigir el cumplimiento de lo pactado. El acuerdo se asemeja más a un pacto político que a un acto administrativo vinculante.
Firmado bajo coacción: el consentimiento viciado
Quizás el señalamiento más grave de la opinión jurídica es el relativo al vicio del consentimiento. Para que un acto administrativo sea válido, su causa debe ser lícita. Sin embargo, la Oficina Jurídica indica con claridad que la firma del acuerdo fue la única vía para lograr el desalojo del edificio, lo que significa que el consentimiento de la Administración pudo haber sido arrancado por la fuerza, no por el interés público.
El propio texto del acuerdo lo delata: reconoce la “ocupación del edificio” como marco de la negociación, obliga a preservar grafitis en inmuebles institucionales y — punto especialmente grave — condiciona la permanencia del Rector en su cargo al cumplimiento de lo acordado, estableciendo que el incumplimiento:
“…activará automáticamente la exigencia de renuncia”.
Eso, dice la Oficina Jurídica, configura una desviación de poder. Asumir compromisos financieros o administrativos para evitar presión personal sobre el cargo del jerarca vicia de nulidad absoluta el acuerdo, pues el fin perseguido no es el bienestar institucional, sino cesar una medida de presión externa.
No se pueden negociar potestades irrenunciables
El compromiso asumido en el punto 5 del acuerdo — según el cual la Rectoría “se compromete a no tomar acciones punitivas, legales ni judiciales en contra del estudiantado” — recibe también un rechazo frontal.
La Oficina Jurídica recuerda que la potestad sancionatoria del Estado y de sus instituciones es irrenunciable. El artículo 281 del Código Procesal Penal impone a los funcionarios públicos el deber de denunciar conductas perseguibles de oficio, así como los actos cometidos en perjuicio del patrimonio bajo su administración. Esa obligación no puede ser negociada ni limitada por acuerdos bilaterales.
El asunto tiene además una dimensión procesal concreta: el propio rector ha sido citado por la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José como ofendido dentro de una investigación penal por el delito de daño agravado (expediente 26-001132-0175-PE). Un compromiso administrativo de no respaldar acciones legales difícilmente podría coexistir con esa condición procesal.
Adicionalmente, el Consejo Universitario ya había mandatado a la Rectoría, mediante el acuerdo de la sesión N.º 6996, artículo 1, a actuar en estricto apego al ordenamiento jurídico y ejecutar las acciones administrativas y legales que correspondan, con base en los informes técnicos sobre los daños causados al patrimonio.
Los murales: grafitis no autorizados sobre patrimonio público
El punto 33 del acuerdo, que comprometía a la Universidad a conservar al menos cinco murales realizados durante la toma por un mínimo de doce años, tampoco escapa al análisis crítico.
La Oficina Jurídica señala que esas pinturas fueron realizadas sobre inmuebles públicos universitarios sin la autorización de la Comisión Institucional de Planta Física (CIPF), cuya aprobación es obligatoria para cualquier intervención en paredes de los edificios institucionales. Las autoridades universitarias son administradoras de bienes públicos y no pueden pactar libremente sobre ellos cuando eso implica una afectación técnica no autorizada.
El mandato del Consejo Universitario ya citado refuerza esta conclusión: si los murales son catalogados técnicamente como una afectación al patrimonio, la obligación jurídica es removerlos.
El estudio sobre el FEES: lógica invertida y vicios financieros
Respecto al compromiso de realizar un estudio actuarial sobre el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), la Oficina Jurídica identifica un vicio de fondo: el acuerdo establece de antemano un “piso no inferior al 2.94% de crecimiento real” para el primer año, antes de que se realice el estudio técnico. Eso invierte la lógica técnica y supedita el resultado de un análisis actuarial a un porcentaje político predeterminado.
A ello se suma que el punto 25d prohíbe compartir el informe final con autoridad alguna antes de su publicación oficial, lo que constituye una limitación ilegal a la potestad de dirección y jerarquía del rector.
El criterio también advierte que la proyección de compromisos financieros para el período 2025-2040 transgrede el principio de anualidad presupuestaria del derecho costarricense, que impide vincular de forma rígida los recursos de ejercicios fiscales futuros.
Un documento que nació viciado
La conclusión de la Opinión Jurídica OJ-207-2026 no deja espacio a interpretaciones ambiguas: el acuerdo carece de validez por haberse configurado en abierta ilegalidad. Aunque se presenta como un instrumento de cumplimiento obligatorio vinculado al Estatuto Orgánico de la UCR, los vicios acumulados — falta de portería del MEA, consentimiento viciado por coacción, negociación de potestades irrenunciables y violación del principio de juridicidad — lo convierten en un documento jurídicamente indefendible.
La Oficina Jurídica recomienda a la Administración universitaria valorar el acuerdo conforme al análisis efectuado, lo que en la práctica equivale a señalar que no existe obligación jurídica válida de cumplirlo.
El episodio plantea una pregunta que trasciende los muros de la Ciudad Universitaria: ¿puede una institución pública, bajo presión física y material, negociar el abandono de sus deberes legales? La respuesta de los juristas de la propia UCR es clara: no puede, y si lo hace, ese acuerdo nace muerto.
