San José, 09 sep (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció la implementación de un sistema de rotación obligatoria para todos los cuerpos policiales del país, con el objetivo de combatir las “tentaciones de corrupción” y evitar que los oficiales se arraiguen en comunidades donde puedan defender intereses ajenos a la Seguridad Nacional.
La instrucción, girada tras un análisis jurídico de los contratos y las condiciones actuales de los cuerpos policiales, busca dinamizar la presencia de los efectivos en todo el territorio nacional.
“Vamos a instaurar un sistema de rotación de los policías. Que los policías que prestan servicios en Guanacaste se van a pasar a servicio, se van a ir a trabajar tres meses a Heredia, que los que están en Heredia se me van a ir para Guanacaste, que los que están en Cartago se me van a ir para Limón y los de Limón se me van a venir para Cartago”, detalló la mandataria.
Fernández fue enfática en que esta medida no tendrá excepciones y abarcará a todas las divisiones bajo el Ministerio de Seguridad Pública. “Aquí no voy a distinguir, desde el más pintado de los pintados se va a someter a esta instrucción, incluyendo a los policías penitenciarios, a los agentes de la DIS y a los agentes de todas las divisiones”, sentenció.
La jefa de Estado, quien ha mantenido una política de “mano dura” contra el crimen organizado desde el inicio de su administración en mayo de 2026, justificó la decisión bajo la necesidad de prevenir redes de corrupción. “No quiero policías arraigados en las comunidades defendiendo intereses que no sean los de la Seguridad Nacional”, añadió.
Esta nueva directriz se suma a las acciones que la presidenta ha liderado en materia de seguridad, incluyendo la depuración de mandos policiales mediante pruebas de polígrafo, la coordinación semanal con los cuerpos policiales y la constante presión hacia el Poder Judicial por la liberación de sospechosos de alta peligrosidad.
La mandataria, que ha hecho de la seguridad su prioridad número uno, reiteró que la medida es jurídicamente viable y busca blindar a los oficiales ante posibles tentaciones delictivas, asegurando que el proceso de rotación será una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que afecta al país.
