San José, 18 may (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, calificó de “mesa de trabajo” el encuentro sostenido con las autoridades del Poder Judicial, encabezadas por el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Orlando Aguirre, donde expuso duras críticas sobre el desempeño, el manejo presupuestario y la percepción ciudadana de este poder de la República.
Fernández fue enfática al señalar que el objetivo de la reunión fue trasladar el sentir de la población costarricense respecto al sistema judicial, cuestionando directamente lo que denominó como “pifias” de los jueces de ejecución, la supuesta politización del Poder Judicial y una aparente persecución política contra funcionarios del actual gobierno.
“Yo le planteé a don Orlando lo que, desde mi punto de vista, es cómo se siente el pueblo de Costa Rica con el trabajo del Poder Judicial. Hablamos de temas delicados, desde las pifias de jueces de ejecución hasta lo que percibimos como la politización y persecución política”, declaró la mandataria.
Presupuesto y reformas
La presidenta cuestionó la ejecución presupuestaria del Poder Judicial, señalando que, a pesar de recibir fondos superiores a lo que estipula la Constitución Política —532.837 millones de colones frente a los 474.991 millones constitucionales—, la institución mantiene una subejecución que el año pasado alcanzó los 63.000 millones de colones.
Ante este panorama, Fernández anunció que el Ejecutivo trabaja en un paquete de reformas legales, incluyendo modificaciones al Código Procesal Penal y al Código Penal, las cuales serán presentadas ante la Asamblea Legislativa el próximo mes de junio.
“Mi anhelo es que el Poder Judicial pueda sumarse en esta cruzada nacional para mejorar la seguridad en el país”, añadió.
Acuerdos alcanzados
A pesar de las tensiones, la reunión arrojó acuerdos concretos en áreas estratégicas de seguridad:
- Canal directo con Inspección Judicial: Se establecerá una comunicación directa entre la Fiscalía y el Gobierno para monitorear las modificaciones en las medidas de ejecución de la pena, especialmente en casos de personas con expedientes judiciales graves.
- Lucha contra el crimen organizado: Se reforzará la política anticorrupción para prevenir y sancionar la infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial, incluyendo la posibilidad de implementar pruebas de polígrafo para funcionarios en niveles superiores.
- Coordinación en Seguridad: La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se vincularán formalmente con el ministro de Seguridad, Gerald Campos, para organizar operativos conjuntos.
- Eficiencia operativa: Se acordó agilizar el levantamiento de cuerpos en accidentes de tránsito y reducir los tiempos de espera para la ejecución de allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas (PCD).
La mandataria lamentó que no se lograra un acuerdo para que el Poder Judicial se comprometa a no bloquear la agenda de reformas que el Ejecutivo propondrá, ni tampoco sobre el cese de lo que ella califica como persecución política.
“Don Orlando me manifestó que él no podía aceptar eso en esta conversación; yo lo lamento, pero él está en su derecho”, concluyó.
