San José, 28 nov (elmundo.cr) – La Junta Directiva Nacional de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), se manifestó respecto al proceso de elección de magistradas y magistrados, exigiendo transparencia en el mismo.
La competencia constitucional que ejercen los diputados y diputadas en la elección de personas magistradas de Corte Suprema, debe realizarse conforme los principios democráticos que informan el Estado de Derecho y en apego a la garantía de Independencia Judicial. “Sin embargo, históricamente los actores políticos con injerencia y decisión legislativa, se han decantado por mantener prácticas poco transparentes, subjetivas y antidemocráticas en los procesos de elección de Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia”, comparten en el comunicado.
Para Acojud, lo denunciado la semana anterior, respecto a la supuesta alteración del puntaje de entrevista otorgado por una legisladora a un Juez candidato a magistrado, “demuestra una vez más la imperiosa necesidad de que la metodología que aprueba la Comisión Especial de Nombramientos del Congreso, contenga estándares internacionales que garanticen objetividad, integridad, transparencia y con ello, la eliminación de la alta discrecionalidad en la calificación que confieren los disputados y disputadas a las personas candidatas”.
Agregaron que “suma a la opacidad actual el hecho de que no existe ningún control ciudadano ni de rendición de cuentas sobre el orden, contenido y evaluación final de la entrevista otorgada a los participantes, con lo cual este procedimiento resulta en un arma política eficiente para sostener o eliminar las candidaturas que se ajusten o no, a los modelos personales de los calificantes. Por ello desde el año 2003, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), ha advertido reiteradamente el peligro y el inminente daño a la Independencia Judicial, al Estado el Derecho y a la Democracia, de mantenerse el sistema actual sin cambios estructurales en el modelo de elección de magistrados y magistradas”.
“El Estado en orden de sus instituciones, deben acatar el principio 10 de los “Principios Básicos de Independencia Judicial” aprobados por la Organización de Naciones Unidas y sin dilación, ajustar el procedimiento de nombramiento de Corte Suprema en nuestro país”, concluye el comunicado.
