San José, 19 sep (elmundo.cr) – Esta mañana tuvo lugar en la Asamblea Legislativa el conversatorio “Hijos e Hijas de la Patria, una mirada al futuro”, espacio en el que jóvenes y organizaciones sociales se refirieron a la importancia de avanzar con la aprobación del proyecto 23.305.
Dicha iniciativa busca apoyar a jóvenes que al haber cumplido 18 años y luego de haber perdido el cuidado de sus familias, debido a situaciones graves de desprotección cuando eran menores de edad, se ven obligados a salir de alguno de los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, o de una de las modalidades de cuido alternativo, como las que desarrolla Aldeas Infantiles SOS en Costa Rica, pese a no contar con respaldo familiar o la formación necesaria para lograr un empleo para cubrir sus necesidades básicas y continuar con sus estudios.
El conversatorio fue organizado por la proponente del proyecto, diputada Luz Mary Alpízar y Aldeas Infantiles SOS.
En la actividad se contó con la participación de jóvenes que compartieron su experiencia así como de otras organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil que apoyan a niñez y juventud en vulnerabilidad social, que de igual manera, comparten la urgente necesidad de aprobar la propuesta.
La iniciativa propone definir las responsabilidades del Programa de Prestaciones Alimentarias del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), así como el uso de recursos existentes y que se encuentran sub ejecutados, los cuales se destinarían a acompañamiento a estos jóvenes siempre que cumplan con requisitos básicos, como el ser estudiantes activos en cualquiera de los ciclos educativos, ser menores de 25 años y que carezcan de respaldo financiero suficiente.
La directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Costa Rica, Shirley Solano, señaló que “cuando recibimos una medida de ubicación temporal por parte del PANI, para que una niña, niño o adolescente entre a alguno de nuestros programas de cuido alternativo, deseamos que efectivamente sea una medida temporal, no obstante, hay un alto porcentaje que sufre la institucionalización, sin lograr que se les restituya su derecho a vivir en familia y finalmente, egresan por mayoría de edad”.
Actualmente estamos trabajando para fortalecer el acompañamiento que les brindamos posterior al egreso, brindándoles mejores oportunidades para disminuir las posibilidades de callejización o que se expongan a otros riesgos”, agregó.
Solano recalcó que “como si no fuera poco, pensemos en los últimos datos que arroja el Estado de la Educación y ahora en cuántas barreras adicionales enfrenta esta población al tener que lidiar todos los días con el dolor de haber sido separados de sus familias de origen”.
“Nuestro Estado carga con una deuda enorme y este proyecto apunta positivamente hacia una ruta en la que estos jóvenes logren enfrentar mejor el enorme reto de la vida independiente, vida que no escogieron, se la impusieron”, aseguró.
Por su parte, la diputada Alpízar comentó que “ningún padre de familia deja a sus hijos o hijas a su suerte al día siguiente de haber obtenido su mayoría de edad, ¿qué nos hace pensar que con estos jóvenes es válido que sea diferente?”.
“Este proyecto subsana vacíos, define responsabilidades y mejora la coordinación institucional para evitar que jóvenes que siguen necesitando apoyo institucional queden expuestos a situaciones que atentan contra su integridad y su vida. Los recursos existen, lo que falta es definir la responsabilidad institucional para ejecutarlos”, explicó la legisladora.
La Ley de Fodesaf destina un 0.25% a prestaciones alimentarias, pero un vacío legal ha provocado una subejecución muy alta; entre el 2018 y el 2019 solamente se ejecutó un 20% de 1600 millones de colones disponibles, según se desprende de información suministrada por el propio IMAS, en respuesta a una consulta planteada por la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza sobre la situación las y los jóvenes egresados del PANI beneficiarios del inciso k) del artículo 3 de la Ley del Fodesaf.
Según datos de la Contraloría General de la República, en el país hay más de 13.000 niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
Varios de los jóvenes participantes en este conversatorio se presentaron en la barra del público para pedir a los diputados la pronta aprobación del proyecto 23.305, el cual fue dictaminado afirmativamente y por unanimidad en la Comisión de Asuntos Sociales desde el pasado mes de abril, por lo que ya está listo para ser conocido en el Plenario Legislativo.
La diputada Andrea Álvarez Marín, firmante del proyecto y presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales; el diputado Luis Fernando Mendoza, integrante de dicha comisión y el diputado Carlos Felipe García, presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, participantes en el evento, reiteraron su apoyo al proyecto y la voluntad de impulsar su avance.
