San José, 09 ene (elmundo.cr)- El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, Jhon Vega aplaudió la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que se dio a conocer este martes.
En este, la Corte señala que la Convención Americana no protege un determinado modelo de familia, debido a que la definición misma de “familia” no es exclusiva de aquella integrada por parejas heterosexuales.
“La resolución creemos que es muy positivo, que deja claro que no hacen falta ni siquiera reformas legales, que ya el marco legal que existe en el país entendio de una manera ampliada desde el principio de progresividad de los derechos, pues significaría que se conozcan los mismos derechos para las familias heterosexules a las familias del mismo sexo y que se reconozca y se respete el derecho a la identidad, entendido como un derecho que va más allas del sexo o el nombre asignado por nacimiento, sino que tiene un criterio legal y es una decisión de las personas asumir la identidad social con la que se sienten representado”, explicó Vega.
Asimismo, añadió que un eventual gobierno suyo, la medida entraría a regir desde el primer momento.
Sin embargo, Vega fue enfático en que están conscientes en que posiblemente “lo que el Gobierno vaya a hacer es un saludo a la bandera sin que se garantice realmente eso”, por lo que deben hacer presión y que no pase lo mismo que con otras resoluciones, tal y como lo es la Fertilización in Vitro.
“Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad LGBT del país a movilizarnos, para que haya presión. Creemos que hay motivos de sobra para que la comunidad sexualmente diversa salga a amanifestarse y a exigir a todas las instituciones la aplicación de esta resolución y creemos que tiene que ser de acatamiento obligatoria”, afirmó Vega.
Por otro lado, el aspirante presidencial comentó que pese a la resolución es “vergonzoso” que el Estado costarricense tenga que ser señalado o condenado por entes internacionales en cuanto a los derechos humanos.
La resolución se da prácticamente dos años después de que el Estado hiciera la consulta en 2016 al órgano internacional.
