San José, 15 dic (elmundo.cr) — Un programa estatal diseñado para apoyar a pescadores costeros en Costa Rica está financiando, paradójicamente, la explotación y destrucción de los recursos marinos que supuestamente buscaba proteger, según una investigación internacional publicada este domingo por Inside Climate News.
En las últimas dos décadas, el Programa de Subsidios de Combustible para la Pesca —gestionado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)— ha dispensado millones de litros de combustible exento de impuestos a embarcaciones comerciales, con un costo anual al Estado que supera los 15 millones de dólares.
Sin embargo, una parte significativa de esos subsidios ha ido a parar a barcos implicados en pesca ilegal, pesca en áreas protegidas y otras actividades ilícitas, según registros oficiales analizados por Inside Climate News.
El caso más emblemático es el de la embarcación Dorka II: en abril de 2022 fue interceptada por la Policía Costera en aguas protegidas del Área de Conservación Guanacaste, llevando decenas de kilos de pescado capturado ilegalmente. Aunque su capitán fue posteriormente condenado por violaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura, datos oficiales muestran que en los seis años previos el buque había recibido 87.667 litros de combustible subsidiado, equivalente a más de 62.000 dólares en ahorros para su propietario, pese a su historial criminal.
Este no ha sido un caso aislado. Una investigación del diario costarricense La Nación identificó que en la última década más de 100 buques que recibieron subsidios fueron capturados por pesca ilegal, entrada a áreas marinas protegidas o prácticas nocivas como el aleteo de tiburón (“sharkfinning”). Además, 51 de esas embarcaciones tenían vínculos con redes de narcotráfico, un hallazgo que ha profundizado el escándalo y cuestiona los criterios de entrega y supervisión del programa estatal.
Expertos y organizaciones ambientalistas han señalado que los subsidios de combustible no solo aumentan la capacidad operativa de las flotas, sino que también incentivan mayores esfuerzos de pesca incluso cuando las poblaciones de peces están en declive. Esto erosiona la sostenibilidad de las especies marinas y perjudica a las comunidades pesqueras tradicionales que no pueden competir con embarcaciones más grandes y mejor financiadas.
La crisis ocurre en un momento en que Costa Rica ratificó el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para reducir subsidios nocivos a la pesca, comprometiéndose internacionalmente a medidas destinadas a frenar la sobreexplotación de los océanos. Aun así, los incidentes de 2025 muestran un aumento en las interceptaciones de embarcaciones con subsidios pescando ilegalmente, lo que sugiere que las debilidades de supervisión y control persisten
