San José, 24 ene (elmundo.cr) – Desde inicios del año anterior, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, ha insistido en la necesidad de lograr una política de Estado en materia de seguridad ciudadana.
El objetivo de Arias rindió su primer fruto con la discusión y aprobación por la vía rápida, de un proyecto para reformar la ley contra el crimen organizado el pasado mes de agosto.
A pesar de ello, las acciones en materia de seguridad ciudadana por parte de la Administración Chaves Robles no lograron los resultados esperados y el 2023 terminó con el año más violento en la historia de Costa Rica. Con un récord en homicidios, la inmensa mayoría producto de la narcoactividad y la lucha entre bandas criminales por el control del territorio nacional.
Ante la emergencia que se vive y la actitud confrontativa del presidente de la República, Rodrigo Chaves, el presidente legislativo reforzó la necesidad de una acción coordinada entre los tres Poderes de la República, solicitando una reunión al presidente Chaves y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
El llamado de Arias Sánchez fue aceptado, por lo que los tres presidentes de los Poderes de la República se reunieron en la sede de la Corte Suprema de Justicia el pasado 30 de noviembre.
En dicha reunión acordaron nombrar una mesa de trabajo, con representantes de alto nivel de los tres Poderes, para que definan los proyectos de ley prioritarios que le den las herramientas tanto al Poder Ejecutivo, como al Judicial, para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y así como la ola de crímenes violentos que sufre el país.
La comisión inició su trabajo durante los primeros días de enero, definiendo 10 proyectos de ley para ser tramitados en el Congreso. Ese primer avance fue presentado el pasado martes 23 de enero a los tres presidentes de los Supremos Poderes, quienes dieron el visto bueno para que sean presentados a los jefes de fracción de los distintos partidos representados en la Asamblea Legislativa, para buscarles el trámite más expedito posible para su aprobación.
El esfuerzo sostenido y continuado del presidente de la Asamblea Legislativa por construir una política de Estado en seguridad a partir del diálogo y la coordinación empieza a convertirse en una realidad.
Corresponde ahora a las y los legisladores adoptar las vías para aprobar los proyectos de ley con urgencia, así como al Poder Ejecutivo continuar con las acciones para prevenir el delito y al Poder Judicial su tarea de investigar, juzgar y dictar sentencia con mayor celeridad.
De lograrse la cooperación que promueve Arias Sánchez, será posible disminuir la violencia a intranquilidad en la que está sometida actualmente Costa Rica.
