San José, 24 abr (elmundo.cr) – El abogado y exregidor, Luis Carlos Núñez, presentó este viernes una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José, contra las personas responsables de la toma violenta del Edificio Administrativo B de la Universidad de Costa Rica (UCR), sede Rodrigo Facio.
La acción legal, interpuesta en su condición de ciudadano, señala una serie de delitos presuntamente cometidos durante la ocupación iniciada el miércoles 22 de abril, entre los que destacan usurpación, daños agravados, coacción, impedimento o estorbo de actos funcionales, asociación ilícita, instigación pública a delinquir y violación de domicilio.
Según detalla el documento, la protesta, que inicialmente se convocó como una concentración pacífica, derivó en una “toma violenta del inmueble público” aproximadamente a las 3:30 p.m. de ese día, con ruptura de puertas de vidrio, vandalismo en paredes y la evacuación forzada de funcionarios y estudiantes.
“Los manifestantes han impedido el ingreso del personal administrativo y académico, han prohibido de hecho el acceso del rector, Carlos Araya Leandro, y demás autoridades superiores al ejercicio de sus funciones, y han exigido como condición para deponer la toma la renuncia del jerarca universitario”, señala la denuncia.
El denunciante destaca que el movimiento muestra signos de una “actuación concertada, premeditada y previamente planificada”, citando como evidencia la coordinación a través de redes sociales, específicamente la cuenta de Instagram “toma_rectoria2026”, y la división de funciones entre los participantes.
Además, el texto hace referencia a una amenaza de tiroteo recibida por la oficina de prensa de la institución, la cual fue comunicada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), situación que, según la denuncia, fue desatendida por los ocupantes a pesar de las advertencias de riesgo.
La denuncia enfatiza que, si bien se reconoce el derecho fundamental a la manifestación pacífica, este encuentra un “límite infranqueable” en los derechos de terceros, el orden público y la integridad del patrimonio ajeno.
“La presente denuncia no se dirige contra el contenido o las reivindicaciones legítimas del movimiento estudiantil universitario en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), sino exclusivamente contra las conductas violentas, vandálicas y coactivas”, aclara el documento.
El abogado solicita a la Fiscalía que ordene de inmediato al OIJ las diligencias urgentes para identificar a los responsables, asegurar pruebas —incluyendo grabaciones de seguridad y registros digitales— y proceder con la acción penal correspondiente.
