Bogotá, 29 ago (elmundo.cr) – La migración en la región enfrenta un cambio radical, según un informe de la Comisión conformada por las Defensorías de los Habitantes de Costa Rica y las Defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La investigación, realizada entre el 21 de julio y el 1 de agosto de 2025, revela un aumento significativo de la migración inversa, con más de 14,000 personas retornando desde México y Estados Unidos hacia Colombia entre enero y agosto de 2025.
“La misión nos permitió corroborar que las restricciones de tránsito en la selva del Darién, junto con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, provocaron que entre enero y agosto del 2025 se diera una reducción del 97 por ciento en el paso irregular hacia el norte, en contraste con las más de 260.000 personas que cruzaron en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, en ese mismo periodo se registró un aumento significativo de migración inversa: más de 14.000 personas retornaron desde México y Estados Unidos e ingresaron a Colombia”, afirmó la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz.
El informe, titulado “Migración inversa en la ruta Costa Rica– Panamá–Colombia: desafíos de protección y necesidad de una respuesta humanitaria regional”, se basa en 182 testimonios de migrantes, en su mayoría venezolanos.
Las principales razones de retorno, según el informe, son la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos (49%), los cambios en su política migratoria (46%), el temor a detenciones o deportaciones (17%) y el agotamiento de recursos económicos (34%). Estos factores sugieren que las decisiones de retorno no son voluntarias, sino resultado de la disuasión y la falta de garantías en los países de tránsito y destino.
El informe también destaca la vulnerabilidad de mujeres y niñas, quienes enfrentan mayores riesgos, incluyendo violencia basada en género, trata de personas y discriminación.
“En Colón y Puerto Miramar, la ausencia de atención humanitaria y la falta de presencia de autoridades generan graves vulnerabilidades para las personas migrantes y refugiadas, quienes enfrentan altos costos de transporte, precariedad extrema en las condiciones de vida y riesgos de violencia, mientras la respuesta estatal es insuficiente y fragmentada”, indicó el director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá, Jonathan Santana.
La Comisión constató la operación de redes transnacionales de tráfico de migrantes, que cobran tarifas para facilitar el retorno. Además, documentó riesgos asociados al transporte marítimo en embarcaciones inadecuadas, lo que ha derivado en incidentes graves.
Ante esta situación, la Comisión recomienda adoptar un enfoque regional, interinstitucional e interseccional para la gestión del fenómeno migratorio, con mecanismos de coordinación entre Costa Rica, Panamá, Colombia y países de destino. “El retorno de miles de personas en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia se da en un contexto de desafíos significativos para el goce efectivo de sus derechos”, afirmó el representante de la oficina regional de ONU Derechos Humanos para América Central, Andrés Sánchez Thorin.
