San José, 02 ago (elmundo.cr) – Un reciente informe de auditoría del Ministerio de Educación Pública (MEP) ha revelado serias deficiencias en la gestión y calidad de la educación en el país. El documento, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), destaca que solo un 11,46% de los riesgos financieros identificados están siendo gestionados activamente, limitando la capacidad del MEP para enfrentar desafíos financieros y mitigar riesgos de manera efectiva.
El informe señala que la reducción en los recursos asignados ha llevado a prácticas que afectan la calidad de la información presupuestaria. En 2023, la falta de contenido presupuestario resultó en una subvaloración de ₡25.616 millones en la liquidación del Ministerio, contraviniendo el deber constitucional de transparencia. Además, el MEP no ha revelado la existencia de reclamos administrativos pendientes, lo que afecta la confiabilidad de la información presupuestaria y la toma de decisiones.
La investigación también resalta que los resultados de las pruebas de bachillerato están influenciados por la aplicación de la “curva” en la nota final, especialmente en distritos con un bajo Índice de Desarrollo Social (IDS). Sin esta práctica, los resultados habrían sido “calamitosos”, evidenciando debilidades en el uso de la información para la mejora de los procesos educativos.
El informe concluye que la estructura organizacional del MEP no ha logrado establecer los flujos necesarios para aprovechar la información evaluativa disponible, impidiendo que la macroevaluación funcione como un proceso de mejora continua.
A pesar de estos desafíos, el informe también abre la puerta a oportunidades de mejora. Se enfatiza la necesidad de un modelo de gestión que cumpla con las expectativas y necesidades del sistema educativo, así como la importancia de una planificación estratégica que garantice la calidad de la educación.
La CGR ha emitido una opinión adversa sobre la liquidación presupuestaria del MEP, subrayando la urgencia de implementar cambios significativos en la gestión educativa. Con la mirada puesta en el futuro, el informe invita a las autoridades a reflexionar sobre la importancia de una educación de calidad y a tomar medidas concretas para transformar el sistema educativo costarricense.
Este informe es un llamado a la acción para todos los involucrados en la educación en Costa Rica, destacando la necesidad de un compromiso renovado hacia la mejora continua y la transparencia en la gestión pública. La CGR emitió un informe de Opiniones y Sugestiones al Ministerio de Educación Pública (MEP) respecto de los servicios educativos brindados por esa institución. El documento, titulado “Los Servicios Educativos del MEP ante un punto de inflexión: habitando la transformación de cara al futuro”, recopila una serie de hallazgos sobre la cobertura, acceso, desempeño, calidad y eficiencia de los servicios educativos que presta el ministerio.
Entre las principales brechas en la prestación de servicios educativos se encuentran:
1. Deterioro de cobertura y acceso: La tasa neta de escolaridad en primaria alcanzó el 93,6% en 2023, muy por debajo del 98% registrado en el periodo 2010-2011. En preescolar y secundaria, las tasas también se mantienen por debajo del 90%.
2. Diferencias de acceso según zonas geográficas: Baja cobertura en distritos de menor desarrollo social y brechas en la cobertura de asignaturas especiales e inglés.
3. Desmejora del desempeño: Evidenciado en resultados de pruebas como PISA, admisión a universidades estatales y pruebas de dominio lingüístico de la UCR.
4. Inestabilidad en la implementación de instrumentos evaluativos: Desde la eliminación de las pruebas de bachillerato, afectando la disponibilidad de información crítica para la toma de decisiones y la mejora continua del sistema educativo.
5. Disminución en la asignación de recurso: Del 7,07% del PIB en 2017 a 5,21% en 2023.
6. Bajos niveles de transformación digital: Ausencia de información que facilite el procesamiento, ralentizando la capacidad de transformar datos para la toma de decisiones.
El MEP es el principal proveedor de servicios educativos para las poblaciones más vulnerables, como personas en condición de pobreza, discapacidad, zonas rurales, comunidades indígenas, y aquellos que requieren horarios nocturnos. Por ello, es crucial abordar estas brechas y trabajar hacia una mejora continua y transparente en la gestión pública de la educación.