Heredia, 04 jun (elmundo.cr) – El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifestó su profunda preocupación ante la entrada en vigencia del decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, el cual sustituye el marco que regulaba la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.
El IEM considera que esta reforma “representa un giro político que altera sustancialmente la gobernanza, contenido y operatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, así como del cumplimiento en materia de obligaciones de derechos humanos”.
Entre los cambios más preocupantes, el IEM destaca la actualización de los considerandos, que “subraya el derecho interno como marco prioritario, obviando que es precisamente el derecho internacional el que obliga a nuestro país a sujetar a estándares mayores y más estrictos la protección a los derechos humanos”.
Además, señalan la eliminación del artículo 12, que disponía la obligación de las instituciones públicas de destinar recursos propios y gestionar cooperación internacional para la implementación de los ODS, debilitando su viabilidad operativa.
La supresión del artículo 15, que otorgaba a los ODS el estatus de interés público, también es motivo de preocupación, ya que “deja en evidencia la reducción del compromiso estatal en las garantías y derechos de todas las personas”.
El IEM también critica la introducción de un glosario normativo con términos que no corresponden a los estándares del derecho internacional.
El IEM advierte que esta reforma “fragmenta la visión holística del desarrollo sostenible, debilita la responsabilidad estatal frente a los compromisos adquiridos y crea condiciones para reinterpretaciones ideológicas contrarias a la igualdad, los derechos humanos y la justicia”.
Ante esto, hacen un llamado a las instituciones públicas, a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a defender el enfoque integral, participativo y transformador de los ODS.
