San José, 12 feb (elmundo.cr) –El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, no supo explicar por qué continuaron con el proyecto hidroeléctrico Capulín, incluso llevando a que el Banco Nacional realizara desembolsos para el desarrollo de la obra, si dos años después iniciaría un proceso en aras de resolver el contrato con Hidrotárcoles. LEA TAMBIÉN: ICE ocultó al Banco Nacional diferendo con Hidrotárcoles, según subgerente de Riesgo y Finanzas
Durante un careo organizado por los diputados de la Comisión Especial que investiga los créditos bancarios, el Banco Nacional emplazó a Obregón para que explicara las razones por las cuales el ICE desconoce una serie de comunicaciones con el contratista, donde se fijaba una nueva fecha de entrada de operación de la planta.
Sin embargo, Obregón lejos de reconocer los documentos, incluso varios firmados por el administrador del contrato por parte del ICE, Eduardo Mora Bermúdez, ahora alega que es imposible modificar la fecha al no existir un refrendo otorgado por la Contraloría General de la República.
Tal y como lo ha venido informado EL MUNDO, el comité de crédito de la entidad bancaria sacó una serie de legajos donde se pone en entredicho la razón que motivó al ICE a finiquitar el contrato con la empresa.
El inicio de operación comercial de la hidroeléctrica estaba pactado dentro del contrato para agosto de 2015, pero tanto el ICE como Hidrotárcoles habrían acordado que el nuevo plazo sería para el 1 de junio de 2017, lo cual también estaría establecido dentro del plan de trabajo. LEA TAMBIÉN:Banco Nacional: ICE aprobó plan de trabajo de Hidrotárcoles
Lo anterior fue un elemento “importante” de valoración para que el Banco Nacional iniciara el proceso de desembolsos a Hidrotárcoles, aunado a que, aparentemente, el 29 de abril de 2014 el ICE le habría avisado a la empresa que se daba por “satisfecho” con el cierre financiero.
Contrario al argumento del banco, los funcionarios del ICE ahora indican que el cierre financiero es competencia de la compañía, y que el mismo no habría sido aprobado en su momento.
En contra respuesta, el banco cuestionó que porque si el ICE tenía conocimiento de estos supuestos incumplimientos, entonces envió una misiva el 9 de julio de 2014 a la empresa, donde hacía ver que tenía derecho a cambiar la fecha de entrada de operación por una única vez.
Aunado a ello, el 29 de julio de 2014, Hidrotárcoles le contestó a la institución que, en atención a la nota, la nueva fecha de inicio de operación comercial sería el 1 de junio de 2017, por lo que la entidad bancaria quedó satisfecha al haber tiempo suficiente para abarcar el periodo constructivo de 36 meses establecidos en el contrato.
Los funcionarios del banco preguntaron que por qué si el ICE sabía del problema para entregar la obra a tiempo, todavía en octubre de 2014 envió a su equipo de ingenieros al proyecto, así como un comunicado el 19 de enero de 2015, donde reiteraba que el inicio de operación de la planta era el 1 de junio de 2017.
En esa línea, también reprocharon que por qué en abril de 2015, el ICE e Hidrotárcoles firmaron un acuerdo para que la institución llevase a cabo el procedimiento de expropiación de fincas, y el 30 de junio de ese año, le envió a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz la nueva matriz energética 2015-2035, que incluye el proyecto Capulín con una fecha de inicio de operación comercial para el segundo trimestre de 2017.
Según el Banco Nacional, esa seguidilla de acontecimientos reflejaba que el proyecto caminaba dentro del marco de la normalidad, y al no darse por enterado de un supuesto incumplimiento por parte del contratista, se continuó con el desembolso del crédito para el desarrollo de la planta.
En su defensa, Obregón señaló que el ICE sí dio aviso al banco sobre la apertura del procedimiento de la resolución del contrato, por medio de notas enviadas en julio y diciembre de 2015, es decir ya cuando la entidad había girado $20 millones al proyecto.
Días atrás, el ICE hizo pública su decisión de romper el contrato con Hidrotárcoles, debido, según una comunicación oficial, al supuesto incumplimiento en los plazos de la entrada de operación de la hidroeléctrica Capulín.
La entidad, a raíz de esa situación, ahora enfrenta un proceso judicial en el juzgado contencioso administrativo, donde el desarrollador del proyecto reclama un monto de $110 millones.
Aunado a ello, la empresa manifestó días atrás, en una entrevista con este medio de comunicación, que de disolverse el contrato la institución podría enfrentar un nuevo arbitraje internacional por no menos de $300 millones. LEA TAMBIÉN: Eliminar contrato con Hidrotárcoles podría costarle al ICE $300 millones
