San José, 10 abr (elmundo.cr) – El proyecto hidroeléctrico Hidrotárcoles vuelve a evidenciar decisiones administrativas hoy cuestionadas en sede judicial, particularmente por actuaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Según consta en el expediente, el ICE llegó incluso a confirmar mediante actos propios condiciones contractuales clave como la fecha de entrada en operación para el 1 de junio del 2017, fecha que el informe de auditoría de la Contraloría General de la Republica República No. DFOE-AE-IF-15-2016 de fecha 23 de diciembre del 2016, con información del propio ICE, confirmó, las cuales posteriormente fueron desconocidas.
En paralelo, el Banco Nacional de Costa Rica en el año 2018, en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, contenido en el Acta de la Asamblea Legislativa, de la Sesión No. 39 del 25 de enero del 2018, incorporadas como prueba reflejan un hecho crítico: la paralización de desembolsos por parte del BNCR sin sustento técnico ni jurídico suficiente, reconocida bajo juramento por funcionarios de la propia entidad.
El punto de quiebre ocurrió en junio de 2015, cuando el Banco Nacional de Costa Rica suspendió unilateralmente los desembolsos del crédito de construcción, sin sustento técnico ni jurídico suficiente, según declaraciones rendidas bajo juramento ante la Asamblea Legislativa e incorporadas como prueba en el expediente.
Esta decisión provocó la salida del contratista principal, la paralización total del proyecto durante 21 meses y una reacción en cadena que incluyó sobrecostos, ruptura de contratos y afectación directa a subcontratistas.
El impacto económico es contundente: pérdidas superiores a $150 millones en ingresos proyectados, además del encarecimiento del proyecto en decenas de millones adicionales.
Más allá del conflicto empresarial, el impacto recae directamente sobre el país: menor competitividad, mayor presión sobre el sistema eléctrico y atraso en proyectos que, además de generar energía, aportaban beneficios ambientales como la recuperación de cuencas.
El caso Hidrotárcoles refleja cómo decisiones sin sustento técnico y la falta de coherencia institucional pueden frenar proyectos estratégicos, trasladando el costo final a toda la economía nacional.
