San José, 09 dic (elmundo.cr) – El Gobierno de Luis Guillermo Solís presentará un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa, con el fin de exonerar a las microempresas informales el pago del 5% correspondiente al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y el 0,5% del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el fin de incentivarlas a formalizarse.
Así lo informó el Ejecutivo en un comunicado de prensa este miércoles. Dichas microempresas que apliquen deben facturar por año hasta 45 millones de colones, tener activos fijos de 27 millones de colones y no tener más de 4 trabajadores. Tampoco tener deudas con la CCSS y solo podrán aplicar una vez a ese beneficio.
“Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Costa Rica la informalidad asciende al 52,1% para las empresas con hasta diez trabajadores, este grupo precisamente es el que predomina en el parque empresarial del país, donde un 74% del total de las empresas formales establecidas son microempresas”, justificó el Gobierno.
Tal medida que debe ser aprobada en el seno del Congreso, es una de las que conforman el Programa de Formalización de Microempresas, a cargo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Según el ministerio, el programa tiene como fin aumentar la calidad de esas microempresas, consolidarlas y mejorar las condiciones labores de sus trabajadores. Todo ello traerá como consecuencia un fortalecimiento del sector empresarial para que genere más y mejores fuentes de empleo, lo que conlleva a una reducción de la pobreza y a mejores condiciones socioeconómicas para la sociedad en general.
“El Poder Ejecutivo considera que el plazo máximo del beneficio debe de ser cuatro años consecutivos desde el momento de la incorporación con el fin de que las empresas puedan superar el llamado “valle de la muerte”. Luego de cumplir este periodo, la microempresa deberá pagar las cargas totales correspondientes”, plantea el Ejecutivo.
Geannina Dinarte Romero, viceministra de Economía afirmó que esta condición no solo permite a la microempresa contar con un lapso de tiempo razonable para mejorar los aspectos en los que presente algún tipo de debilidad y avanzar en un proceso de ajuste hacia su consolidación, sino también le brinda la oportunidad al IMAS y a FODESAF de percibir, -transcurridos los cuatro años-, los ingresos correspondientes a estas empresas que antes operaban en la informalidad, resolviendo de esta forma el problema de la estrechez en la base de contribuyentes del sistema impositivo.
“Dentro de los beneficios para las empresas destacan la visibilización ante el mercado, que los trabajadores estarán debidamente inscritos y amparados con la seguridad social, la posibilidad de incrementar ventas al sector público y privado, un mayor acceso a créditos y beneficios de programas especiales, capacitación y asistencia técnica por parte de las instituciones del Estado, y un aumento del nivel de competitividad e innovación, entre otros”, agregó el MEIC.
Por otra parte, los trabajadores contarán con acceso a la seguridad social, mejora en la calidad de los empleos, y la oportunidad de ser sujetos de crédito. A nivel del Estado, se reflejarán ventajas en el aumento del número de microempresas que contribuyen con impuestos, mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familiares, mayor contribución al pago de cargas sociales y fortalecimiento de la Seguridad Social.
El Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, señaló que aunque el desempleo se ha estabilizado y se encuentra a la baja, la informalidad alcanza cifras inaceptables. “Por eso una de nuestras prioridades en el 2016 será impulsar esta iniciativa, y la consolidación de un diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores, para encontrar soluciones conjuntas al tema de la informalidad”, concluyó.
