San José, 23 jul (elmundo.cr) – El jefe de fracción del partido oficialista, Nogui Acosta, anunció este miércoles la presentación ante la Asamblea Legislativa de un primer paquete de proyectos de reforma fiscal, con el cual el Poder Ejecutivo pretende fortalecer las herramientas de control y recaudación del Ministerio de Hacienda.
Acosta enfatizó que la administración actual cuenta con el respaldo necesario para avanzar en esta agenda, contrastando la situación actual con los periodos legislativos anteriores. “Celebrar que en este momento tenemos los votos suficientes para aprobar estos proyectos. Necesitamos darle dientes a la tributación para que cobre los impuestos”, afirmó el legislador.
El diputado señaló que, durante los cuatro años previos, la gestión en esta materia se vio limitada por una férrea oposición que resultó en el archivo de diversas iniciativas. “Esta oportunidad es importante para los costarricenses porque podremos cobrarle a quienes hoy evaden y eluden los impuestos”, agregó.
Ejes de la reforma
El paquete de proyectos presentado incluye tres pilares fundamentales para la modernización tributaria:
- Eficiencia fiscal y contrabando de tabaco: Se propone la creación de un impuesto específico de hasta ¢20,00 por cigarrillo, cigarro o derivado del tabaco, tanto de producción nacional como importado. La normativa establece que el Ministerio de Hacienda deberá actualizar este monto anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INEC.
- Procedimiento de Apremio: Se plantea una reforma integral al Título VII del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El objetivo es dotar a la Administración Tributaria de un procedimiento administrativo de cobro más ágil, permitiendo el embargo de bienes y derechos de manera más eficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin depender exclusivamente de la vía judicial.
- Combate a comprobantes falsos: La propuesta busca endurecer las penas contra quienes expidan, comercialicen o adquieran comprobantes electrónicos que amparen operaciones inexistentes o simuladas. Se introduce una sanción de cuatro a ocho años de prisión para quienes incurran en estas prácticas, independientemente del monto defraudado. Además, se faculta a Hacienda para inhabilitar temporalmente a los infractores para emitir facturas electrónicas hasta por cinco años.
Con esta batería de medidas, el Gobierno de la República busca cerrar portillos legales que han sido utilizados históricamente para la evasión y elusión fiscal, apostando por una mayor transparencia y celeridad en la recuperación de los recursos públicos.
