San José, 27 set (elmundo.cr) – El Gobierno de Luis Guillermo Solís puso fin este martes a la intervención en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) tras 25 meses en los que la polémica estuvo presente.
Casa Presidencial nombró a una junta interventora en JUDESUR el 18 de agosto de 2014, sin embargo en ese entonces los integrantes no sustituyeron a la junta directiva que estaba vigente, ya que esta se limitaría a estudiar y analizar la situación de la institución, para efectuar una serie de recomendaciones para ponerlas en marcha.
Sin embargo, fue el 7 de octubre del 2015 cuando Casa Presidencial anunció que intervendría por completo JUDESUR, ente administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito, quitando de sus puestos a los miembros de la Junta Directiva y sustituyéndolos por los integrantes de la junta interventora.
El Gobierno señaló constantes desatenciones a recomendaciones hechas por la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna y Externa de JUDESUR; la ausencia de controles internos y graves debilidades en la gestión administrativa, así como anomalías y manejos irregulares en JUDESUR, entre los que estaban la contratación de familiares, pagos indebidos de dietas y hasta condonación de deudas por parte funcionarios, como los motivos para hacer la intervención.
Por la destitución, los antiguos jerarcas llevaron el caso a la Sala Constitucional, la cual mediante las sentencias 2014-017145 y 2014-017289 declaró sin lugar los reclamos formulados, al afirmar que esta “no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración”.
Casa Presidencial manifestó en ese entonces que ambas sentencias respaldaban su intervención en JUDESUR, sin embargo EL MUNDO reveló que los magistrados no habían dicho eso en sus sentencias y que estos, ni siquiera, habían entrado a analizar el caso por el fondo por lo que eso era mentira.
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Asimismo, el Gobierno dijo que el criterio 04694, de la Contraloría General de la República, emitido en marzo 2015 avalaba la legalidad de su intervención en JUDESUR, sin embargo eso también fue desmentido por la propia Contraloría.
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La Junta Interventora, conformada por Manuel Herrera Mutis, Luis Ángel Anchío, Vielka Rojas, Ricardo Solís y Yendri Acevedo, estaría en JUDESUR durante seis meses, sin embargo el Gobierno le prorrogó en varias ocasiones su plazo mientras se promulgaba la nueva Ley sobre esa institución.
Otra polémica que tuvo la intervención en la institución, fue la denuncia penal que el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas contra el Presidente Luis Guillermo Solís y los ministros que firmaron el Decreto Ejecutivo que autorizó la intervención.
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El legislador usó como base para su denuncia un criterio de la Procuradoría General de la República (PGR), que había advertido que el Poder Ejecutivo no podía intervenir de esa manera en una institución autónoma, como lo es JUDESUR.
Sin embargo, en junio de este año la Sala III de la Corte Suprema de Justicia acogió por unanimidad la solicitud del Ministerio Público para archivar la denuncia contra el mandatario.
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Fue el 11 de febrero del 2016 que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate el proyecto de Ley 18.985 denominado “Reforma a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas” y que recibió el beneplácito de 45 diputados presentes al momento de la votación.
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Sin embargo, el 31 de marzo debieron repetir el trámite de primer debate pues debieron hacer modificaciones al proyecto de Ley.
El segundo debate se efectuó el 5 de abril por unanimidad de los 44 diputados presentes al momento de la votación y la Ley entró en vigencia el 13 de junio.
La nueva Ley establece que el impuesto que se paga en el Depósito Libre Comercial de Golfito, bajará hasta un 10% de forma paulatina durante tres años, además de aumentar la cantidad de miembros de JUDESUR y poner como tope para gasto operativo el 15% del presupuesto.
Sin embargo, esto no fue recibido de forma positiva por la junta interventora del Gobierno, que interpuso una demanda contra el Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), alegando que la nueva norma le crea un desequilibrio financiero.
“La promulgación de la nueva Ley Orgánica 9356 crea un desequilibrio financiero a la institución, ya que realiza una distribución de gastos administrativos, sin ningún criterio técnico-financiero, ni de mercadeo, situación verificada en el expediente legislativo que tramitó la ley”, dice un comunicado de prensa remitido por JUDESUR, luego de que varias decenas de personas impidieran el acceso al edificio en el que funciona la institución, por el malestar generado a raíz de la demanda.
La demanda, según documentos en poder de EL MUNDO pretende que el Estado indemnice a JUDESUR por la suma total de 7.093.387.579 colones.
Esa fue la primera de las dos acciones emprendidas por la Junta Interventora de JUDESUR nombrada por el Gobierno, contra la nueva Ley de la institución.
La segunda es una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tres semanas después de la interposición de la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
La acción pretende que se declaren inconstitucionales varios artículos de la nueva Ley, alegando que esta crea desbalances financieros en JUDESUR.
Casa Presidencial reaccionó de forma negativa ante esa demanda y acción de inconstitucionalidad.
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El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro expresó su malestar por la demanda mediante una carta dirigida a Manuel Herrera Mutis, presidente de la Junta Directiva interventora de JUDESUR. En esa carta, Alfaro dijo que el Poder Ejecutivo recibió el anuncio de la interposición de la demanda con suma preocupación.
Producto de esa demanda, el Poder Ejecutivo dijo el 6 de setiembre que quitaría de sus puestos a la junta interventora, situación que finalmente ocurrió este martes.
El Gobierno apresuró sacar de sus cargos a los interventores, luego de que estos amenazaran con el cierre técnico del Depósito Libre Comercial de Golfito a partir del 30 de setiembre. Casa Presidencial calificó estos intentos de ilegales.
